El abogado de Ángel Prada Barrios, alcalde de Rosinos de la Requejada y diputado provincial no adscrito a grupo, que parte del "respeto a la sentencia", ha solicitado el DVD en el que se grabó el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal el mes pasado para estudiar a fondo las declaraciones de los imputados y los testigos. Este trámite dilata el plazo de diez días hábiles que otorga la juez para recurrir el fallo, una decisión que puede esperar hasta septiembre, puesto que el mes de agosto es inhábil en los juzgados.

El abogado de Prada Barrios afirma que la Junta de Castilla y León lejos de requerirle para que abriera el expediente sancionador le indicó "que esperara a que el Ayuntamiento de Galende le enviara a la Agrupación Municipal de Rosinos que él presidía", para la que su hija trabajaba como secretaria, concesión de la plaza que originó la incompatibilidad y el delito de prevaricación por el que la magistrada condena al diputado provincial por Sanabria. La pasividad para salvar la ilegalidad que la sentencia achaca a Prada Barrios en realidad la ejerció el Consistorio de Galende, para el que la hija del mandatario de Rosinos trabajaba ya como funcionaria cuando se hizo con el otro puesto en la Agrupación, trabajos que combinó durante seis años. El requerimiento de la Junta no era para Rosinos, como indica la juez en el fallo, sino para Galende, asegura el letrado.