La Fiscalía valora recurrir la absolución de la hija de Prada por ocupar dos trabajos

El Ministerio Público estima que tiene la misma responsabilidad que el alcalde de Rosinos, cuyo abogado apunta que la competencia era de Galende

24.07.2016 | 01:30
Ángel Prada y su hija, C.P.P., durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal.

La Fiscalía Provincial de Zamora mantiene en el aire su decisión de recurrir la absolución por prevaricación de la hija del exdiputado del PP y alcalde de Rosinos de la Requejada, Ángel Prada Barrios, por ocupar el cargo de secretaria en la Agrupación de Municipios de Sanabria-Carballeda que presidía su padre al tiempo que cubría otra plaza de funcionaria, personal laboral, en el Ayuntamiento de Galende.

Por mantener esa ilegalidad por incompatibilidad de cargos, Prada Barrios acaba de ser condenado por el Juzgado de lo Penal a 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público, un año menos de lo que también exigía el fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, para la procesada, de iniciales C.P.P., quien solo pidió excedencia en Galende cuando recibió una llamada de la Junta de Castilla y León para advertirle de la apertura de un expediente.

De Vega Irañeta considera "que tiene la misma responsabilidad" que el padre, si bien advertía que "está estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia en cuanto a la absolución de la hija", satisfecho por la condena que la magistrada ha impuesto al diputado no adscrito a grupo en la institución Provincial, tras pedir la baja en el PP al imputarle el Juzgado que investigó los hechos denunciados por un sobrino de Prada.

El condenado tampoco ha dicho claramente que no recurrirá, al declarar a este diario que "de momento" no piensa hacerlo, si bien tiene pendiente estudiarlo a fondo con su abogado, que sostiene que la Junta requirió por escrito al Ayuntamiento de Galende para que abriera el expediente sancionador en dos ocasiones y para que remitiera la información a Rosinos, al objeto de tramitarlo. Sin embargo, ese municipio, en el que la imputada trabajaba como personal laboral, nunca cumplió la orden de la Dirección General de Ordenación del Territorio, competente en esta materia. Como consecuencia de esa pasividad, indica el abogado, la Dirección General decide iniciar de oficio ese trámite y comunicárselo al alcalde de Rosinos, quien "no podía hacer más que inhibirse" en el proceso porque era el padre de la funcionaria, como así hizo saber a la Administración regional, apunta el abogado de Prada. La defensa del regidor sanabrés ha indicado que la semana que viene, cuando estudien a fondo los argumentos de la magistrada de lo Penal, su cliente decidirá si recurre o no. "Si mi cliente recurre será por honor, porque la hija renuncia en cuanto sabe de la incompatibilidad".

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