El Consejo Consultivo de Castilla y León, a través de su presidente Mario Amilivia, reclama que los cotos de caza asuman su responsabilidad patrimonial en el caso de accidentes provocados por animales. Los siniestros y la responsabilidad de los dueños de los terrenos de caza son algunos de los aspectos más debatidos tras el cambio de la legislación.

Con ese fin, Amilivia propone una modificación en la Ley de Tráfico que entró en vigor en 2014 y que actualmente, en la mayoría de los casos, exime de responsabilidad al titular de las reservas, recayendo todo el débito en el conductor.

Asimismo, el presidente del Consejo Consultivo arguyó que el problema tiene una especial repercusión en la comunidad, ya que un tercio de los accidentes de tráfico provocados por animales en España entre los años 2011 y 2014 se produjeron en las carreteras de Castilla y León.

Por otra parte, Amilivia destacó que las administraciones de Castilla y León que hicieron consultas al Consejo Consultivo durante el pasado año aceptaron un 96,1% de los 513 dictámenes emitidos, "algo que además de seguridad jurídica aporta autoridad al propio organismo", aseveró el presidente.

De todas las aclaraciones solicitadas, las administraciones locales sumaron un total de 239, la Junta de Castilla y León 271 y las universidades de la comunidad solamente tres. En cuanto a las provincias se refiere, Zamora es una de las que menos dictámenes recibió por parte del Consejo Consultivo, con 31. León, en cambio, fue la demarcación que más resoluciones obtuvo del organismo con 120, lo que supone más del 20% de todos los dictámenes formulados.

Las consultas referidas a la responsabilidad patrimonial de las administraciones coparon más del 79% del total de los informes, lo que en números se traduce en un total de 409. Dentro de este apartado, destaca la especial presencia de las consultas relacionadas con el ámbito sanitario, que provocaron 101 resoluciones y volvieron a aglutinar un año más las reclamaciones más elevadas, llegando a los 11,5 millones de euros.

Amilivia refirió la celeridad del Consultivo a la hora de emitir los dictámenes en un breve periodo de tiempo, siempre dentro del plazo reglamentario e "incluso en un 32% de los casos fueron emitidos en un plazo medio de 12 días, lo que pone de manifiesto la eficacia y la eficiencia del Consejo", celebró el presidente.

También se incidió sobre la Memoria 2015 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León -entidad independiente del Consultivo pero adscrito al mismo- que durante el pasado año prescribió 101 resoluciones de contratos, cuya cuantía ascendió a una cifra superior a 527 millones de euros. De este montante, tres de los dictámenes fueron revocados posteriormente por la jurisdicción contenciosa, subrayó el presidente del Consultivo.

Durante la comparecencia de ayer de Mario Amilivia en las Cortes, los grupos políticos que componen la cámara aprovecharon para resaltar la "extraordinaria labor en favor de la transparencia democrática que realiza el Consultivo", informó la agencia Ical.