Ventas Carbayo abonó con pagarés sin fondos y acumuló 290.669 euros de deuda

Proveedores de la empresa confirman los impagos y los informáticos que llevaban la contabilidad dicen que dieron la clave de acceso a los imputados

15.07.2016 | 00:55
Acusados, abogados y testigos del juicio que celebra la Audiencia Provincial desde el lunes.

Los proveedores de Central de Ventas Carbayo, con los que acumuló una deuda de 290.669 euros, relataron ayer cómo fueron descubriendo el engaño a medida que el entonces administrador, acusado y en paradero desconocido, fue entregándoles pagarés o cheques sin fondos hasta acumular deudas de hasta 96.000 euros, según lo manifestado ayer por algunos de los acreedores en el juicio que prosigue hoy en la Audiencia Provincial contra cuatro imputados, acusados de urdir un plan para liquidar la empresa y hacerse con su capital y bienes inmuebles.

Los proveedores apuntaron como responsable de esa práctica fraudulenta fundamentalmente a quien compró la empresa en 2003, de iniciales S.P.D., un ponferradino que tenía una peluquería con un capital social de 3.000 euros, lo que permite a la Fiscalía Provincial cuestionar la liquidez del industrial para poder hacer frente a la adquisición de las acciones de Ventas Carbayo, adquirida previo pago de 120.000 euros. A ese acuerdo llegó con el hijo de un socio fundador, R.C.G., con la mediación de un abogado, J.F.O.M., que asesoraba a la ferretería industrial benaventana y al que algunos de esos proveedores, actualmente acreedores, señalaron como parte de la trama que les engañó.

La Fiscalía considera al dueño primitivo de Ventas Carbayo, R.C.G., y al letrado cómplices en la simulación de la venta del negocio radicado en Benavente al peluquero, por lo que exige dos años y medio de prisión por alzamiento de bienes, para el primero; y 13,5 años para el segundo por delitos de falseamiento contable, de alzamiento de bienes, administración desleal, y dos delitos continuados de apropiación indebida. La empresa terminaría en manos de Promanbi, a su vez propiedad de Pizarras de Riofrío, cuyos responsables, padre e hija, P.C.F. y L.C.P., para los que la Fiscalía exige también seis años y medio para cada uno por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Al abogado, a los dos responsables de Promanbi y al imputado desaparecido se les imputa la apropiación de 689.920, según la contabilidad de esta empresa hallada en los ordenadores de la firma informática que llevaba las cuentas, a cuya base de datos tenían acceso los imputados, que les pidieron la clave, indicaron.

La cantidad procedería de la descapatilización de Ventas Carbayo, a la que los responsables de Promanbi endosarían facturas de hasta 200.000 euros por material que, según la investigación de la Guardia Civil, nunca se llegó a comprar. Estas deudas ficticias, según la Fiscalía y la acusación particular que representa a los trabajadores, terminaron por poner la ferretería en manos de la sociedad berciana, cuyo capital social era de 3.006 euros, por pagos de 80.000, 40.000 y 99.000 euros, prácticamente el valor de la cuantía pendiente de pago mencionada y de la que no se halló documentación que la justificara. Promanbi se hizo con toda la mercancía, las existencias, el fondo de comercio y las mercancías existentes en Ventas Carbayo.

La denuncia de dos sindicatos por el impago de salarios llevó a la Inspección de Trabajo a visitar la ferretería Central de Ventas Carbayo, aunque la trasladaron a otra nave en la que figuraba el nombre de Promanbi, donde encontró a empleados de ambas empresas juntos, algunos realizando tareas que no les correspondía según su contrato, declaró ayer la inspectora que levantó acta. Cuando pidió al administrador de la ferretería industrial el contrato de compraventa de la empresa, el imputado de iniciales S.P.D. (desaparecido y pendiente de juicio) no se lo aporta. Observó cómo se llevaban mercancías de la ferretería a Promambi, la empresa que acabó absorbiendo a Ventas Carbajo, lo que se justificó "porque iban a venderle productos a Promanbi para pagar a los trabajadores". Tampoco se aportaron nunca las facturas de las ventas. "Mi impresión es que todo era lo mismo", indicó la inspectora ayer en el juicio que celebra la Audiencia Provincial.

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