La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León "no acepta la resolución del Procurador del Común" que insta a revisar el régimen de precios del programa de termalismo del Club de los 60 con el objeto de establecer "unas tarifas para los beneficiarios que no sean superiores a las fijadas en el plan del Imserso", planteaba la resolución. Sin embargo, la Junta rechaza la resolución -que no es de obligado cumplimiento- al manifestar que "no se plantea un cambio en el modelo para incorporar recursos públicos para sufragar parte del coste de las plazas del programa de termalismo del Club de los 60", dice textualmente la respuesta de la Junta al Procurador del Común. Aunque las administraciones están obligadas a proporcionar al órgano la información que éste les requiera, las indicaciones que formula no son de obligado seguimiento "ya que pueden entender que concurren factores que, desde su perspectiva, no justifican la resolución formulada por el Procurador del Común", plantea por escrito el propio Javier Amoedo Conde. En consecuencia, el órgano archiva el expediente abierto tras la reivindicación de un usuario, que denunció ante la Junta y ante el Procurador "los agravios comparativos" entre la Administración regional con el Club de los 60 y la central con el Imserso, con diferencias de hasta 70 euros más por parte de la Junta por menos prestaciones", planteaba la queja. El propio Procurador del Común reconocía en su resolución "condiciones más gravosas" por los mismos balnearios y en periodos de tiempo inferiores.

El escrito del Procurador del Común aludía a "favorecer el acceso a este recurso de envejecimiento activo en las mismas condiciones económicas y garantizar la situación de igualdad para los usuarios en la financiación del servicio con independencia de la entidad pública gestora". A juicio del Procurador del Común, esta circunstancia "obliga a reflexionar sobre la necesidad de revisar la política de precios del programa de termalismo fijada por la Junta".

La intención del requerimiento era "posibilitar que las personas que deseen acceder a estos servicios a través del Club de los 60 -o deban hacerlo por no ser pensionistas de la Seguridad Social- no se enfrenten a unas condiciones más gravosas económicamente que aquellas personas que pueden o quieran hacerlo a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales". No obstante, el pasado 6 de julio el Procurador del Común comunicó la respuesta de la Consejería con la negativa a acatar la indicación, de mero carácter consultivo.