El cruce de acusaciones entre imputados no permitió despejar dudas sobre quién trató de engañar a quién para fulminar a la empresa Central de Ventas Carbayo, enriquecerse y evitar el pago a proveedores y trabajadores, así como otras deudas. El total llegó a superar los 900.000 euros. La Audiencia Provincial sentó ayer en el banquillo, con penas de prisión que suman más de 50 años para todos los imputados. Los principales procesados son el hijo de uno de los fundadores de Carbayo, de iniciales R.C.G.; y el abogado de Ponferrada, J.F.O.M., que, según la Fiscalía, ayudó a aquel a simular la venta de la empresa y a buscar a un supuesto comprador, titular de una peluquería en Ponferrada, S.P.D., que se haya en paradero desconocido.
El descendiente de los fundadores y el abogado se presentaron como víctima de uno del otro durante su declaración y negaron haberse puesto de acuerdo para descapitalizar la empresa y repartirse el dinero. Ventas Carbayo "funcionaba y tenía futuro", admitió el R.C.G., que pasó a ser empleado de la ferretería cuando se vendieron al empresario berciano todas las acciones, a su empresa Pérez Balsa. Este llegaría a avalar con su patrimonio a un préstamo para la empresa y a comprar participaciones en la Pérez Balsa.
Evitar pagos
Con ello, el hijo del socio fundador quería evitar los pagos a proveedores y quedarse con las acciones del resto de la familia, de acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular. Para él, el fiscal jefe de la Audiencia, Rafael de Vega Irañeta, exige la condena a dos años y medio de prisión por un delito de alzamiento de bienes.
Para el abogado, J.F.O.M., quien se habría aliado después con el imputado desaparecido y a espaldas del excopropietario de la empresa familiar, las penas se elevan hasta los 16 años de prisión por tres delitos: falseamiento de contable (dos años), administración desleal (dos años y medio), dos delitos continuados de apropiación indebida (4 y 5 años, respectivamente); y alzamiento de bienes (dos años y seis meses).
Para los otros tres imputados, la Fiscalía exige penas de hasta 11 años y medio. Estos entran en escena cuando el comprador de la ferretería y el abogado deciden descapitalizar la empresa "en su propio beneficio", simulando operaciones de compra venta de acciones de la empresa Promanbi, sociedad de Villafranca del Bierzo dedicada a la construcción.
Pizarras Riofrío
Esta sociedad era propiedad Pizarras Riofrío, cuyo responsable entonces, P.C.F., se sienta también en el banquillo de los acusados, junto L.C.P., una apoderada de Prombanbi. Los cuatro imputados (con el que está en paradero desconocido, S.P.D., el que adquirió la ferretería; y un sexto ya fallecido, C.L.M.) se hicieron con la totalidad de las acciones de Ventas Carbayo para llevar a cabo contratos de compraventa entre marzo y julio de 2007 en los que S.P.D. vendía a L.C.P. por 219.000 euros en tres contratos las existencias de la ferretería, el fondo de comercio y mercancías, tras reconocerse una deuda de 200.000 euros con Promanbi, de la que no existe documentación, según la Fiscalía. Las fechas de todos estos movimientos comerciales no concuerdan, según la acusación.
