El montero acusado de matar de un disparo a un perro se enfrenta a un año de cárcel

El imputado en un delito de maltrato animal, que carece de permiso de armas y dice no tener ninguna, niega haber abatido al animal

13.07.2016 | 11:21
Perros de la rehala del imputado por matar a un alano en Faramontanos.

La Fiscalía Provincial exige un año de prisión al montero, un vecino de Zamora capital, procesado por la muerte de un disparo en la cabeza de un perro alano, utilizado para el amarre de caza mayor, cuyo cadáver apareció varios días después de abatido en una cacería de Faramontanos de Tábara, el 3 de octubre de 2015.

El acusado, que niega ser el autor del suceso, carece de permiso de armas y no portaba ninguna el día del suceso, argumentos que ha esgrimido, al parecer, para justificar su inocencia, puesta en duda por la declaración de un testigo que dijo haber visto la agresión y al autor y que, al parecer, se ha desdicho durante la instrucción.

El testigo habría manifestado que solo escuchó el disparo y que, cuando acudió al lugar del que venía, se encontró un grupo de personas, entre las que estaba el imputado, de iniciales J.G., que fue detenido por la Guardia Civil. Sin embargo, no ha podido afirmar con rotundidad que el disparo fuera ejecutado por el procesado, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en breve, al remitirse la causa al Juzgado de lo Penal, donde se celebrará el juicio.

El perro abatido de un tiro no pudo ser identificado, carecía del microchip perceptivo que contiene los datos del can y de su dueño, con lo que no la Guardia Civil que investigó lo ocurrido no pudo dar con su propietario. Tampoco llevaba collar amarillo, el típico que les colocan los rehaleros, cuando fue encontrado al cabo de una semana de haber tenido lugar la montería en Faramontanos de Tábara.

El cadáver se hallaba en un maizal crecido, en el mes de octubre, en el entorno donde había tenido lugar la cacería. El alano fue el único animal muerto ese 3 de octubre, cuando se batieron unos maizales "sin conseguir ni un jabalí ni nada", según manifestaron entonces a este diario fuentes próximas al suceso.

El hecho solventó a los rehaleros zamoranos por las consecuencias de desprestigio que tiene para la profesión, especialmente molestos con el acusado, que ya había tenido denuncias por posesión de perros peligrosos.

El Seprona, que llevó a cabo la investigación, inició las diligencias tras saber de un perro de caza muerto, en un terreno cinegético en la comarca de Tábara, el mismo en el que el día 3 de octubre de 2015 había tenido lugar una cacería. Se trataba de un can de raza "alano español" y estaba "muerto sobre el suelo", según informó la propia Guardia Civil.

Durante la inspección ocular del animal, observaron "que presentaba un orificio de bala en el cráneo, posiblemente provocado por arma larga, de las utilizadas para la caza mayor".

Los agentes del Seprona comenzaron las pesquisas para identificar al autor del delito que, el 15 de octubre, llevaron a imputar a J.G., un vecino de la capital, que poseía perros en Tierra del Vino, como autor de un delito de maltrato animal. En la ampliación de las diligencias de investigación, la Guardia Civil, según expresa en un comunicado, "conoció que el imputado era dueño de una rehala de perros.

El día 22 de octubre solicitó la colaboración a la Unidad Veterinaria de Zamora (Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León), con el objetivo de realizar inspección del núcleo zoológico" que el imputado tiene en Tierra del Vino, "en una localidad próxima a Zamora".

Una vez realizada la inspección ocular, la Guardia Civil procedió a la inmovilización de los 54 canes de diferentes razas propiedad del imputado, "dadas las condiciones higiénico-sanitarias, por darse hacinamiento y falta de limpieza; también por motivos de documentación, ya que se detectó falta de identificación de los animales, ausencia de vacunas y de censo". Asimismo, no disponía de los permisos necesarios para la realización de esta actividad, según la Guardia Civil. "Entre los 54 animales que forman la explotación, el Seprona también halló, durante la inspección, tres animales de razas potencialmente peligrosas, carentes igualmente de la documentación necesaria para la tenencia de este tipo de animales peligrosos".

La Fiscalía Provincial ha calificado ya el delito, con la solicitud de un año de prisión, escrito que deberá pasar ahora al abogado de la defensa del imputado para su calificación, que será, con toda probabilidad, la petición de la absolución del acusado.

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