Uno de los cuatro propietarios del edificio de La Feria en peligro de ruina había alertado al Ayuntamiento hace casi un mes sobre la deficiente situación del inmueble ante la falta de acuerdo entre los titulares sobre el futuro del edificio. El expediente permanecía abierto desde entonces en el Ayuntamiento "a la espera de que llegaran a un consenso para desbloquear la situación", reconoce el concejal de Urbanismo en la institución municipal, Romualdo Fernández. No obstante, el edil puntualiza que "el problema no viene de ahora sino que se retrotrae hasta el año 2010".

En cualquier caso, los hechos se han precipitado a consecuencia del semiderrumbe del edificio de forma natural en la madrugada del pasado martes, lo que ha llevado al alcalde, Francisco Guarido, a rubricar un decreto para ordenar el derribo en un plazo máximo de siete días que se agotarán el próximo martes. Según confirma el edil del ramo, los cuatro propietarios ya están al corriente de la situación después de que ayer todavía quedara uno de ellos al que comunicar la orden, al tratarse de una ONG con sede en Madrid.

El coste del derribo ronda los 50.000 euros, según el presupuesto aproximado que maneja el Ayuntamiento. La institución municipal podría ser, en última instancia, la responsable de ejecutar el derribo en el caso de que, tal y como parece, los propietarios no lleguen a un acuerdo. Al tratarse de cuatro partes implicadas, la opción más sencilla es derivar esa responsabilidad en la institución municipal, que se haría cargo de toda la tramitación, adjudicación y vigilancia de las obras, y cuyos costes se repercutirían en su integridad a los propietarios.

Mientras tanto, la calle permanece cortada al tráfico para garantizar la seguridad ciudadana. Ante el riesgo de que nuevos desprendimientos caigan de la fachada del edificio del número 2 de la calle de San Bartolomé que forma esquina con la calle La Feria, la Policía Municipal mantiene el vallado de seguridad con el correspondiente corte del acceso. La medida se extenderá durante los días que restan para el cumplimiento de la semana que marca el decreto de Alcaldía y el periodo de ejecución de las obras. El propio alcalde, Francisco Guarido, priorizaba hace unos días "la seguridad ciudadana" ante las quejas recibidas por algunos comerciantes afectados por el corte. Un malestar que el regidor municipal comprende, pero que no puede supeditar al riesgo de posibles nuevos derrumbes en la zona.