De delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes, administración desleal y falseamiento contable tendrán que responder cinco imputados, de los que cuatro se enfrentan a penas de prisión de hasta 36 años por descapitalizar la sociedad benaventana Central de Ventas Carbayo, de la que esos cuatro acusados habrían detraído 387.884 euros, según la acusación de la Fiscalía Provincial. Con la alteración del inventario de bienes los acreedores de la sociedad no pudieron cobrar 290.669 euros; ni la Agencia Tributaria, 2.065; ni los trabajadores, 585.000 euros. En la operación que puso el cierre a la empresa de Benavente, el fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, acusa a uno de socios de esa empresa, de iniciales R.C.G., de delito de alzamiento de bienes y exige dos años y medio de prisión, así como para J.F.O.M., abogado de profesión, de quien sostiene que fue su cómplice a la hora de idear una venta de las acciones simulada a un tercero, también imputado, S.P.D., en busca y captura. Además, la Fiscalía solicita a la Audiencia Provincial, que enjuiciará el caso, que imponga a J.F.O.M. otros dos años por falseamiento contable, ya que sería responsable de darle apariencia legal a la administración de la sociedad. Además, debe responder de los delitos de administración desleal y de dos de apropiación indebida de forma continuada junto a los otros tres acusados, L.C.P., C.L.M. y P.C.F., que se habrían quedado con la cuantía indicada, a través de terceras empresas con las que desde Ventas Carbayo se simularon operaciones comerciales. Las penas para cada uno por esas infracciones penales serían de cuatro años y cinco años por quedarse con los casi 400.000 euros (16 y 20 años en total); y de dos años y medio para cada uno, por el de administración desleal (10 años en total).

La Fiscalía pide, asimismo, que reintegren de forma conjunta y solidaria los 200.000 euros a Central de Ventas Carbayo que supuestamente desaparecieron de la sociedad, cuantía de la que estima que son responsables civiles subsidiarias las empresas Pérez Balsa y GAF asesores. Del mismo modo, deberán devolver a la empresa banaventana, cuyos acreedores y trabajadores no pudieron cobrar las deudas que tenían pendientes, otros 187.884,24 euros, cantidad de la que resultaría responsables civiles subsidiarias la sociedades Promanbi, Pizarras del Riofrío y Pérez Balsa, de acuerdo con los términos de la acusación del Ministerio Fiscal.