02 de julio de 2016
02.07.2016
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Las obras de los Planes Provinciales podrán optar a prórroga si la causa está justificada

Los ayuntamientos deberán solicitar el aplazamiento quince días antes del vencimiento l La Diputación aviva el desbloqueo del Museo de Ribadelago

02.07.2016 | 01:45
Martín Pozo, junto a dos de sus vicepresidentes, Juan Dúo (izquierda) y José Luis Prieto Calderón.

Los 69 municipios que se acogen este año al Plan Municipal de Obras de la Diputación Provincial podrán acogerse a un aplazamiento en la finalización y justificación de las actuaciones -30 de septiembre y 15 de octubre, respectivamente- siempre y cuando sea por causas "justificadas y no imputables a los ayuntamientos". Para ello, será necesario que el municipio comunique por escrito la situación "quince días antes del vencimiento de los plazos", pero nunca "con carácter generalista", insiste el diputado de Obras, Juan Dúo. La medida fue aprobada ayer en pleno fruto de una moción impulsada por los socialistas ante los retrasos sufridos en la tramitación de los planes provinciales.

La sesión plenaria ha servido también para mostrar la unanimidad de todos los grupos en el desbloqueo del Museo de la Memoria de Ribadelago, aparcado desde hace seis años, cuando se anunció su construcción con motivo del 50 aniversario de la tragedia. La propuesta de dar un paso más ha partido de IU a través de una moción matizada por el PP y que, finalmente, alude a "apoyar el proyecto en la medida de las posibilidades de la Diputación y en colaboración con otras administraciones". En este sentido, el portavoz popular Aurelio Tomás subrayó que la institución "ha estado, está y estará presente en esta iniciativa", tanto es así que durante dos ejercicios seguidos "presupuestamos 50.000 euros".

El pleno arrancó con la marcha de la sala del diputado José Luis Prieto, protagonista de uno de los puntos. La Corporación aprobó su solicitud para desempeñar un puesto de trabajo como profesor asociado en la Politécnica. Tanto IU como PSOE se abstuvieron, con las dudas "éticas" que a estos últimos les produce "que un vicepresidente con dedicación exclusiva tome otro empleo". El popular Aurelio Tomás defendió que la medida, que implicará diez horas semanales por las tardes, es "legal y con todos los informes a favor".

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