Lourdes Arastey Sahún | Magistrada del Tribunal Supremo y presidenta de la Gemme España

Lourdes Arastey: "Se han destruido muchas relaciones laborales y se ha precarizado en exceso"

"Hay demasiada contratación de muy corta duración, se ha sustituido el empleo más fijo, habrá avalancha de pleitos para lograr prestaciones o acogerse a la Seguridad Social"

27.06.2016 | 21:36
La magistrada, en el Palacio de la Alhóndiga.

La reforma laboral, los múltiples cambios normativos que ha supuesto en poco tiempo, ha generado incertidumbre e intranquilidad, admite la magistrada del Tribunal Supremo de la sala de lo Social, Lourdes Arastey, que estuvo en Zamora en la Jornada Laboralista del Colegio de Graduados Sociales.

-La mediación es una alternativa a la judicialización de los conflictos que llegan a los tribunales, descongestionaría los juzgados de causas que se resolverían de forma más ágil y barata. ¿El ámbito social es un ejemplo?

-En el ámbito social hay mucha cultura de negociación y en negociación colectiva ha avanzado mucho este país, es, además, la que tiene que ser tutora de las relaciones laborales. Donde no está tan desarrollada es en el conflicto individual, donde realmente las partes acaban en el Juzgado. No se han introducido mecanismos de gestión interna de resolución en el seno del propio centro de trabajo, de la relación laboral.

-¿Existe un importante número de causas laborales que podrían acogerse a ese sistema?

-Sí, podrían ser gestionadas de manera interna, antes de que el conflicto fuera desarrollándose y estallara, aunque no todos se pueden solventar así. Por descontado, la mediación nunca puede impedir el derecho de las partes a la tutela judicial, aunque el juez puede ofrecerles de nuevo esa posibilidad de forma más pacífica pero dentro ya del Juzgado.

-¿Cómo se arbitraría esa nueva forma de conseguir la solución de estos conflictos?

--Las administraciones tendrían que dotar a los tribunales de mediadores cualificados que pudieran ofrecer esa vía a las partes. El órgano judicial debe disponer de una unidad de mediación, existe ya en Social en algunos puntos donde funciona la Oficina Judicial como en Murcia, Barcelona, Madrid y Castellón y, próximamente, en Burgos. Si el juez entiende que un caso es adecuado para usar ese sistema, se lo propone a las partes en litigio, que pueden desistir en cualquier momento si lo desean y seguir con el procedimiento judicial.

-¿Qué resultados está dando esa unidad de mediación?

-La valoración de estas experiencias hay que hacerla siempre desde el resultado que tiene para las partes, un pleito en el que las partes queden satisfechas vale mucho. No es un problema numérico, sino de satisfacción, estamos dando más de lo que van a obtener por la sentencia, algo intangible, de carácter emocional, de mantenimiento de relación entre las partes. Eso es muy importante en el ámbito laboral, que las relaciones laborales no se pierdan y que el tejido social no se destruya.

-Otra ventaja importante es el ahorro en tiempo y coste para las partes, tanto para el trabajador como para la empresa demandada.

-Por descontado, se soluciona más rápido y el tiempo es oro.

-Los juzgados de lo Social son un catalizador de la crisis económica: los asuntos han aumentado desde 2008. ¿Estamos en esa senda de recuperación que nos dice el Gobierno, el volumen de asuntos ha descendido?

-Se ha estancado un poco, no está en vía ascendente, pero todavía están sobresaturados los juzgados, no tanto por la entrada como, sino porque la saturación está ahí.

-¿Ha sido un magnífico baremo para comprobar que esta crisis ha sido devastadora?

-Pues sí, efectivamente se han destruido muchísimas relaciones de trabajo y se ha precarizado mucho, estamos viendo mucha contratación de muy corta duración, hemos sustituido el empleo más fijo por otro mucho más precario.

-¿Hasta qué punto las leyes les permiten a los jueces buscar vericuetos para reconducir esa situación a través de sentencias?

-Una vez hecho el despido, cuando se impugna el despide, se impugna, pero la relación ya se ha roto. Lo que nos encontraremos ahora será una avalancha de pleitos en materia de Seguridad Social porque esos trabajadores habrán pasado al desempleo y puede haber problemas con las prestaciones o los que tengan una situación más débil, precaria o por edad intentarán intentarán acogerse, seguramente, al ámbito de la prestación de la Seguridad Social.

-¿Con el tipo de contratos que está habiendo es más difícil?

-Claro, con la precariedad la gente tiene cada vez menos cotizaciones.

-¿Les toca a ustedes poner parches a esas leyes que están, en cierto, modo atacando la dignidad laboral de las personas?

-Nuestra obligación no es poner parches, sino cumplir la legislación. Nuestra función es interpretar y aplicar la Ley. Y, en la medida que la interpretación permite enfoques que consideramos que pueden ser más acordes con los principios constitucionales, nuestra obligación es aplicarlos.

-¿Muchas veces, buscan esos recovecos legales que permiten las leyes para poder favorecer al más débil dentro de los pleitos?

-Tenemos que tener una posición de imparcialidad. Es la Ley Laboral la que, por lo general, tiene unos aspectos tuitivos que se preservan y, por tanto, si están ahí se han de extraer y aplicar.

-¿No les toca, a veces, hacer encaje de bolillos para salvar situaciones que social y laboralmente perjudican al ciudadano?

-No lo interpreto así, no debemos nunca salirnos del marco legal con independencia de cuáles sean nuestras opiniones como ciudadanos. El Estado nos atribuye una función que debemos de cumplir y no es la de opinadores.

-¿La reforma laboral aprobada por el Gobierno debería reconsiderarse por favorecer esa temporalidad y esa precariedad laboral?

-Cuando hablamos de reforma laboral lo hacemos de muchas modificaciones normativas distintas. Hubo muchos cambios en muy poco tiempo, que no empezaron con este Gobierno todavía en funciones, sino con el anterior. Los problemas vienen dados por ese excesivo cambio que genera inseguridad, inestabilidad porque no da tiempo a testar los resultados de la leyes y las intenciones del legislador que, a lo mejor, iban por un camino pero después no se cumplen, de creación de empleo, etc. Llevamos un tiempo más tranquilo, sin tantas reformas. Quizás lo que hay que hacer es analizar cómo se han aplicado, qué problemas han tenido en esa aplicación y ver. A lo mejor hay cosas que han funcionado bien y otras que no tanto.

-Como experta jurista, ¿piensa, con los sindicatos, que es necesario derogar esta reforma laboral, que se han perdido derechos fundamentales de los trabajadores?

-No me toca a mí posicionarme porque no es mi papel. En algunos aspectos ha generado incertidumbre e intranquilidad. En unos aspectos se ha facilitado la flexibilidad en la ruptura de las relaciones; en otras, no; en otras, la flexibilidad interna. A lo mejor también hay que ver cómo se ha utilizado ese mecanismo, en vez de ir a la flexibilidad interna se ha ido más a la externa, al despido y el legislador pretendía lo contrario: más flexibilidad interna que, por lo que nosotros hemos visto, no se ha utilizado tanto.

-¿Se ha politizado en exceso el Tribunal Supremo?, el nombramiento de Carlos Lesmes fue tremendamente polémico y causa de recelo.

-Es un error esa apreciación. A veces, se desconoce cuál es la función de cada institución en el Estado, el Supremo no está politizado, se confunde con el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces y no tiene labores jurisdiccionales; el Supremo, sí y sus miembros son tan imparciales como cualquier juez del país. Falta un poco de pedagogía adecuada en la ciudadanía. Lo que ocurre es que la misma persona es presidente de los dos órganos. Hay una interesada confusión entre instituciones.

-Pero el nombramiento de Lesmes fue muy contestado.

-Como todos, lo fueron los dos anteriores, forma parte del juego de la política de esta país.

-¿Cree que hay independencia en el Poder Judicial, los jueces son independientes?

-No es que lo crea, es que afirmo que es verdad al cien por cien. Soy juez desde 1984 y siempre lo he vivido así.

-¿Jamás se ha sentido presionada por el poder político?

-No, ni por nadie.

-Los ciudadanos confían en los jueces, quienes están limpiando la corrupción política que les tiene asombrados.

-Pueden seguir confiando porque los jueces somos profesionales en este país, no somos políticos, en absoluto. Nos debemos a lo que dice la Constitución, a nuestra independencia e imparcialidad y a juzgar y ejecutar lo juzgado, sea cual sea la Ley porque esa no la hacemos nosotros.

-La hacen los políticos, que ahí está la trampa, a veces, ¿no?

-Claro, y luego nos achacan sus defectos, pero nosotros no hacemos la Ley.

-Por eso le decía que, a veces, al juez le toca enmendar la plana al legislador y buscar esa justicia que no está tan clara en la Ley.

-Claro, pero no tiene margen de maniobra, más que la Ley, por tanto es lo que hay para todos.

-¿Esta eclosión de casos de corrupción política también les deja perplejos a los jueces, como a los ciudadanos, o no les sorprenden tanto, al juzgar los casos de quienes hacen argucias para sortear la Ley?

-Como ciudadana, sí. Como juez, pues cuando yo llegue a la judicatura este país tenía muchos casos de narcotráfico de heroína o delitos derivados. ¿Me sorprende o no me sorprende?, bueno esa era la realidad que vivíamos.

-¿Qué opina del último caso que ha saltado a los medios de comunicación, el de las grabaciones del ministro del Interior?

-No puedo opinar de eso, si es cierto me parece fatal.

-¿Qué opina de que no se reserve a la magistrada Margarita Robles, candidata del PSOE, su plaza en el Supremo? Ella habla de venganza política de Lesmes.

-No voy a opinar. Es la primera vez que se produce esta situación, otra cosa es si es discutible. El marco legal es confuso y facilita las discrepancias.

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