La Fiscalía pide 2 años de cárcel por falsear derechos de la PAC a herederos de la titular

Una hija de la afectada dice que su hermano y su sobrino suplantaron la firma de la agricultora para beneficiarse

17.06.2016 | 00:09

La denuncia de una hermana a un hermano por el impago de la renta de las tierras que su madre le había arrendado antes de ser incapacitada por un juez, denuncia con la que promueve el desahucio de las tierras, está en el origen del enfrentamiento familiar que ha acabado en el Juzgado de lo Penal. El hijo de la mujer y su nieto terminaron ayer sentados en el banquillo como acusados de falsificación en documento oficial por suplantar, supuestamente, la firma de la madre para quedarse con los beneficios de la PAC, poco más de 5.000 euros.

Mientras que los abogados de padre e hijo sostienen que el arrendamiento de las tierras conllevaba la cesión de los derechos de la PAC, la Fiscalía afirma que ambos actuaron a espaldas de la hija que era tutora de la madre incapacitada, "interesados para lograr los derechos de pago". Y lo hicieron cuando, en 2013 vuelven estos a la titular, madre y abuela de los dos agricultores imputados, de iniciales J.A.O. y R.O., respectivamente. Una vez incapacitada la mujer, aparece un documento firmado por ella para ceder en propiedad los derechos a estos. Es entonces cuando "se devela todo lo ocurrido", al detectar en la Junta de Castilla y León un documento con la letra firme de la mujer, muy distinta a la que le correspondía en los últimos años, de trazo tembloroso, propio de la edad avanzada que tenía, apuntó el abogado de la acusación particular. Todo para obtener un "enriquecimiento económico".

Sin prueba pericial

Los dos abogados de las defensas recalcaron que ni la Fiscalía ni la acusación particular habían aportado una prueba pericial que certificara que la rúbrica de ese documento correspondía a sus clientes. Además, uno de los letrados agregó que el plazo de cesiones de la PAC era tan breve que no daba tiempo a esperar a la incapacitación de la titular de los derechos. Y que, en todo caso, lo que habría sería no un delito de falsificación, sino una falta de autorización judicial para beneficiar a los que pasaron a explotar las tierras bonificadas por la UE. Recordó que la cesión de la tutora era desde 2012, cuando ya existe una mala relación con la hija que es tutora de la mujer y que solo tenía que percibir el dinero del arrendamiento de las tierras y no los rendimientos de los derechos.

El otro letrado arremetió contra la tutora de la anciana, "si no firmó los documentos de cesión, dos problemas tiene". E invocó el principio de in dubio pro reo: cuando existen dudas sobre la comisión del delito, se debe absolver al reo.

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