Prada y su hija admiten anomalías ante la juez, pero niegan haber prevaricado

El alcalde de Rosinos y la secretaria aseguran que desconocían que el nombramiento era irregular l El director general de Ordenación del Territorio dice que el Consistorio desoyó la revocación del puesto

14.06.2016 | 09:55
Ángel Prada (derecha), momentos antes de entrar en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal.

El alcalde de Rosinos de la Requejada y diputado provincial, Ángel Prada Barrios y la hija de éste, M.C.P. P. admitieron ayer que el nombramiento de esta última como secretaria de la agrupación que mantiene este pueblo con Palacios de Sanabria fue irregular, pero se hizo sin conocer ese extremo, sin mala fe y no se cometió prevaricación alguna cuando se dieron cuenta del error. Es lo que mantuvieron en su declaración ante la juez de lo Penal en la vista oral celebrada ayer en la que se sentaban en la banquillo como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa.

Ángel Prada dijo, además, que en todo momento se abstuvo de participar en la comisión de selección de la secretaria interina para cubrir una plaza que había quedado vacante y en todos aquellos actos en los que su hija estuviera implicada. Dijo que consultó si era compatible que él fuera alcalde y su hija secretaria del mismo pueblo y recibió una respuesta positiva, pero desconocía que no se pudieran desempeñar dos puestos de trabajo a jornada completa a la vez, uno como personal laboral del Ayuntamiento de Galende y otro como secretaria. De hecho, eran varios los secretarios de la comarca que trabajaban en más de un ayuntamiento. Señaló que cuando se enteró pidió información a la Junta de Castilla y León y cuanto ésta ordenó revocar el nombramiento él también se abstuvo, derivando el asunto al vicepresidente de la agrupación, el alcalde de Palacios de Sanabria.

La también acusada reprodujo los mismos argumentos que su progenitor y además explicó que nunca ocultó esta circunstancia. De hecho, aunque reconoció haber firmado un papel en que el aseguraba no incurrir en ninguna incompatibilidad, en la instancia para hacerse con la secretaría de Rosinos incorporó como mérito su trabajo en el Ayuntamiento de Galende.

Entre los testigos, compareció en la sala Á. M., el denunciante del caso y, respectivamente, sobrino y primo de los denunciados, quien señaló que cuando tuvo conocimiento de los hechos, se puso a investigar y descubrió que era ilegal estar desempeñando dos puestos de trabajo a la vez, asunto que puso en conocimiento de todas las administraciones. Declaró también el director general de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, quien declaró cómo su departamento instó a la agrupación de Rosinos y Palacios a que revocase en nombramiento de la secretaria, M.C.P.P., debido que era irregular. Sin embargo, indicó el alto cargo, el Ayuntamiento de Rosinos hizo caso omiso y tuvo que ser la Junta, a través de su propio departamento el que, tras reiterar la petición, procediera a iniciar el expediente de revocación. Sin embargo, no intervino en la sanción de dos años de suspensión que el Ayuntamiento de Galende decretó con relación a su empleada por falta grave. El entonces alcalde de Galende, Jesús Villasante, no llegó a declarar.

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