El Ministerio de Hacienda ha sido el que se ha dirigido al Ayuntamiento de Zamora -y al resto de ayuntamientos de España, así como comunidades autónomas- para instarle a no pagar los intereses de demora que tres empresas le han reclamado. El conflicto se remonta al año 2012, cuando el Consistorio zamorano abonó 18,5 millones de euros dentro del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. A través de esta operación, el Ayuntamiento se quitó esa deuda pendiente con empresas a cambio de que éstas renunciaran a los citados intereses. Como el asunto surgió del Gobierno de España, ha sido el propio Gobierno el que lo ha solucionado, apelando a la Unión Europea para que se pronuncie sobre la problemática.

Y lo ha hecho. La abogada general de la Unión Europea, Eleanor Sharpston, no considera que exista problema legal alguno en que un acreedor se adhiera a cobrar de manera acelerada una deuda renunciando a los intereses de demora. Afirma igualmente que este mecanismo "no se opone a las directivas comunitarias". Y mantiene, además, que esos mismos acreedores tuvieron otra vía, igual de voluntaria que la del Plan de Pago, que era la de esperar a cobrar la deuda íntegra, incluidos los intereses de demora. "Es probable que en este caso tuviera que esperar mucho más", afirma Eleanor Sharpston. "La resolución de Europa zanja el tema", afirma Guarido.