Los productores fotovoltaicos se han mostrado indignados con la última decisión tomada por el Tribunal Supremo, que "considera que las familias fotovoltaicos españolas tenían que "haber previsto" los cambios normativos retroactivos sufridos tras la reforma del sector eléctrico impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy". "La decisión del Tribunal Supremo supone un triste hito en la historia de esta instancia judicial, puesto que tres de los cuatro magistrados se han opuesto de manera contundente a la línea defendida por el Presidente de la Sala, cuyo voto desequilibró la decisión en favor del Estado y en contra de los intereses de las 62.000 familias fotovoltaicas, que reclamarán, a través de Anpier, frente al Tribunal Constitucional la justicia que consideran ausente en esta decisión sobre la base del sentido común expresado por los propios magistrados de este tribunal", aseguran desde la asociación Anpier, una de las más representativas del sector. La medida afecta de forma directa a unas mil familias zamoranas que en su día invirtieron en placas solares para producir energía.

"El Magistrado del Supremo, Eduardo Espín Templado, expresa a través de su voto particular que la proyección retroactiva sufrida por este colectivo "es gravemente atentatoria a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que los ciudadanos y las personas jurídicas tienen en que se les respetará la aplicación efectuada de la legislación que existió en cada momento" y sostiene que "desdichadamente se ha dado plena importancia a consideraciones generales ajenas a la estricta interpretación de las normas en juego, como el interés del sistema eléctrico o la congruencia interior del nuevo sistema por encima del interés legítimo de los sujetos del sistema que han operado en el mismo de conformidad con la regulación que el legislador había puesto en marcha", dice Anpier.

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha sido tajante: "ni una sola familia fotovoltaica española hubiera invertido ni un solo céntimo de euro de haber atisbado semejante barbaridad. Ni el Boletín Oficial del Estado que promovió estas inversiones, ni los materiales que el propio Ministerio de Industria difundió para captar las inversiones de las familias, ni los bancos que financiaron estas inversiones, percibieron riesgo alguno. ¿Cómo va a ver riesgo un ciudadano normal?". Anpier considera "alarmante que la división de la Sala no se haya producido sobre cuestiones tangenciales o matices, sino sobre la propia esencia de la decisión con votos particulares radicalmente enfrentados".