La plantilla de la Administración General del Estado se reduce un 10% desde 2011

CC OO denuncia que el Gobierno "entrega al negocio privado la prestación de la mayor parte de los servicios públicos"

25.05.2016 | 01:17
Manifestación de funcionarios.

La plantilla de la Administración General del Estado ha mermado prácticamente un diez por ciento en Zamora desde enero de 2011, tal y como se desprende de los informes sobre personal al servicio de las administraciones públicas que elabora el Ministerio de Hacienda. Los datos indican que actualmente trabajan para el Gobierno central un total de 1.721 zamoranos por los 1.894 de enero del año 2011, 173 menos. La situación es consecuencia de las políticas de ajuste del gasto público llevadas a cabo por el Gobierno, que han reducido considerablemente la tasa de reposición de funcionarios en determinados puestos.

La situación ha sido analizada por el sindicato Comisiones Obreras en su informe "Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado". En él el sindicato indica que "desde 2010, con la disculpa de esa llamada política de austeridad, el personal de las Administraciones Públicas en general y, en particular, el de la Administración General del Estado, ha visto cómo le recortaban su salario y sus derechos. Y por mucho que se empeñe la propaganda del Gobierno, aún se está muy lejos de recuperar todo aquello que se les arrebató: niveles salariales, derechos durante la situación de enfermedad, prestaciones de acción social o acciones relativas a la formación. Además de los derechos sustraídos", indica el sindicato, "esas mismas políticas de ajustes y destrucción de empleo público están teniendo severas consecuencias sobre el derecho a la promoción, a la movilidad y el traslado, en definitiva, al desarrollo de una carrera profesional".

"Quizás lo más grave sea que la situación descrita no es el resultado de un escenario coyuntural de "crisis". Al contrario, parece apuntar a un plan para modificar el modelo de administración del que la sociedad ha construido", asegura el sindicato. "Un cambio que persigue reducir a la mínima expresión el volumen de empleadas y empleados públicos -los estrictamente necesarios para funciones de inspección y control- para entregar al negocio privado la prestación de la mayor parte de los servicios públicos, con la pérdida de la garantía de imparcialidad y rigor que ello significa".

"En este escenario", concluye Comisiones Obreras, "es imprescindible buscar soluciones y alternativas para continuar disfrutando de un modelo de administración en el que las personas son lo importante. Una administración en la que empleadas y empleados públicos garantizan los servicios a la ciudadanía en clave de calidad y no de negocio y que salvaguardan los principios de igualdad, imparcialidad y defensa del interés colectivo frente al negocio".

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