Los proveedores que prestan productos y servicios a la Diputación Provincial de Zamora cobran sus facturas en un plazo medio de 25 días, es decir, cinco por debajo del límite administrativo estipulado por ley. En este sentido y, según los datos mensuales del Periodo Medio de Pago a Proveedores consolidado de la institución zamorana, en el último mes los abonos se emitieron seis días antes del cumplimiento de los treinta días. Se trata de la mensualidad con los pagos más ágiles del año actual, según la contabilidad sobre la morosidad de la institución provincial.

El ejercicio 2016 arrancó la costosa cuesta de enero con abonos entre uno y dos días antes de cumplir el periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, mientras que en febrero los pagos fueron más ajustados, casi al límite de los treinta días prescritos. Por el contrario, en marzo y abril los desembolsos por parte de la Diputación Provincial fueron más holgados y los proveedores vieron satisfechos sus trabajos con casi una semana de antelación.

Según corroboran los informes económicos de todas las mensualidades, el periodo de pago es siempre negativo, es decir, por debajo del tope de los 30 días. En este sentido, los datos ratifican la tendencia del año anterior, también con pagos en plazo legal al contar la institución provincial con saldo suficiente para abonar sus facturas en tiempo y forma, y carecer de ahogos monetarios para poder satisfacer sus deudas.

Según el artículo 216,4 del texto de la Ley de Contratación del Sector Público, la Administración -y como tal, la Diputación Provincial de Zamora- tiene la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.

En caso de demora, la Diputación de Zamora, al igual que el resto de administraciones públicas, deberá abonar al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en el procedimiento de lucha contra la morosidad.

En el caso inverso, es decir, en los casos en los que la morosidad la sufre la Diputación, las arcas de la institución provincial dejan de ingresar cada año alrededor de ocho millones de euros. El impago de tasas e impuestos por parte de los vecinos de los pueblos plantean este índice, si bien alrededor de 6,5 millones de euros se deben a la morosidad de los contribuyentes, ya que el millón y medio que se queda por el camino se debe a bajas y suspensiones que, en su mayoría, están motivados por fallecimientos de contribuyentes que no se notifican o que, de hacerlo, no se hace a tiempo para que la Diputación pueda reflejarlo en sus documentos.

En lo que se refiere a los tributos, el calendario del contribuyente que cada año diseña la institución establece desde ayer y hasta el 28 de julio el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) así como el resto de los arbitrios que determine cada ayuntamiento de la provincia en la libertad de su ejercicio.