La modificación de estatutos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia dotará de "mayor agilidad y eficiencia" el funcionamiento interno del órgano, según valora el presidente del consorcio, el diputado Aurelio Tomás. La medida permite la adaptación de las normas a la Ley Montoro y determina con claridad los procedimientos a la hora de llevar a cabo escenarios hipotéticos como la extinción del órgano, la liquidación de las deudas por la marcha de mancomunidades o ayuntamientos y las posibles futuras modificaciones de estatutos. En este último caso, hasta el momento había que afrontar un proceso largo y farragoso con varias aprobaciones y exposiciones públicas. Con la nueva situación, bastaría con la aprobación inicial, la exposición pública para la presentación de alegaciones y, tras su resolución, el visto bueno definitivo. Esta opción permite saltar otros pasos que se producían hasta ahora, como la remisión a los integrantes del consorcio de cada paso.
El Consorcio Provincial Regulador para la Gestión de Residuos Sólidos de la provincia está formado por la Diputación, quince mancomunidades de la provincia y diez municipios no mancomunados, así como por los ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro. El objeto del consorcio es la gestión directa o indirecta de los servicios municipales de tratamiento de residuos sólidos urbanos y su aprovechamiento mediante la adecuada recuperación inicial, buscando la protección del medio ambiente. Cuenta con seis plantas de transferencia, donde se reciben los residuos urbanos del área que atienden, situadas en Cernadilla, Castrogonzalo, Villafáfila, San Vitero, Toro y Bermillo de Sayago, además de un Centro de Tratamiento de Residuos. La Diputación subvenciona el transporte de los residuos desde las plantas de transferencia al centro de tratamiento de residuos. El consorcio también ha implantado la recogida selectiva conjunta de papel y envases con la colaboración de la Diputación.
