La Administración de Justicia continúa siendo la asignatura pendiente de la democracia, pero "nos está demostrando que funciona, el ciudadano confía en ella", afirma el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, reelegido por tercera vez para el cargo. El magistrado estuvo el jueves en Zamora, desde donde defendió el importante papel de los jueces para acabar con la corrupción política.

-El presidente de la Audiencia de Zamora insiste en la necesidad de un nuevo juzgado para Benavente y, si no, la posibilidad de comarcalizar los del norte de la provincia, el de Puebla de Sanabria y Villalpando, para absorber asuntos de la comarca benaventana.

-Eso merecería una reforma de la Ley de Planta y Demarcación que no corresponde ni al Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, ni siquiera al Consejo del Poder Judicial, sino al Ministerio de Justicia a través de un proyecto legislativo. Benavente es uno de los cuatro partidos judiciales de Castilla y León para los que es absolutamente imprescindible y urgente crear un juzgado más.

-¿Sucederá en breve o los recortes del Ministerio continuarán frenándolo?

-Desde hace cinco años, la política económica del Ministerio es no crear ningún juzgado por razones presupuestarias, pero tengo la convicción de que este año cambie y de que en el mes de diciembre nos sorprenda con alguna buena noticia de este tipo.

-¿Eso quiere decir que Benavente tendrá un nuevo juzgado el año que viene?

-Eso espero.

-Superado, al menos en estos momentos, el atasco del Juzgado de lo Penal de Zamora, ¿el Mercantil podría tener algún tipo de refuerzo para aliviar su carga de trabajo?

-El Mercantil padece problemas en todas las provincias por la cantidad de competencias asumidas con plantillas muy exiguas que requieren un trabajo superior al normal. En Zamora, por fortuna, el volumen no es tanto como en Valladolid, Burgos o León. El Ministerio es muy restrictivo al dotarnos de más personal, contamos con cerca de 60 funcionarios de refuerzo para la comunidad y hay muchos juzgados mucho más necesitados que el de Zamora, intentamos tapar los huecos mayores.

-Los juzgados de Zamora están inmersos en la digitalización, ¿será posible que a comienzos de 2017 la integración sea total con las Fuerzas de Seguridad y con el resto de instituciones?

-No sé si las otras instituciones se van a involucrar de una manera tan plena como lo está haciendo la Administración de Justicia, pero llevamos notificando resoluciones vía telemática desde 2009, recibiendo escritos y documentos por esa vía desde un año y medio, no nos ha pillado por sorpresa el proyecto del Ministerio. En Castilla y León todos los juzgados estamos en ese proceso, somos pioneros una vez más, que presenta disfunciones, como es lógico.

-Pero sí que los funcionarios, los jueces, los fiscales... están asustados, desbordados, piensan que el proceso está siendo un poco caótico.

-¿Y cómo estaban cuando entró en funcionamiento la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil?, y a los quince días estaban encantados. Cualquier cambio supone un cierto recelo por parte de quienes lo padecen, pero estoy convencido de que con la digitalización pasará lo mismo que con esa Ley.

-¿No cree que ha sido demasiado rápido, con poco tiempo de adaptación?

-Bueno, un cambio de esta naturaleza o se hace de un día para otro, siempre y cuando los medios estén ya diseñados, o todo lo que sea conceder prórrogas, ir fijando plazos es..., a la piscina hay que tirarse de repente.

-Si hay descontrol como temen los funcionarios, ¿esa rapidez no redundará en una justicia menos eficaz para el ciudadano?

-Todo lo contrario, si funciona bien el sistema, todo lo que sea agilidad y modernidad es bueno para la eficacia.

-La Asociación de Jueces por la Democracia acaba de demandar al Poder Judicial y al Ministerio por la sobrecarga que tienen los jueces, porque se incumple el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, denuncian que los jueces soportan un 150% de sobrecarga. ¿Cree que era necesaria esa acción judicial?

-Debería hacerse una valoración realista de los módulos de trabajo, los que tenemos son antiguos. Puedo decir, sin necesidad de que existan esos datos, por mis labores de inspección de los juzgados, que los jueces españoles soportan una carga de trabajo superior a la normal, superior a la exigible y que, además, están sacando el trabajo a base de esfuerzo y de abnegación.

-¿Es necesario que se incorporen nuevos jueces?

-Es necesario que se adopten medidas para que no todos los asuntos se tengan que resolver por los jueces, se pueden desjudicializar, como ya se ha hecho, muchos asuntos. A lo mejor el juez puede tener algún equipo de gente que le ayude a resolver asuntos, no todo pasa por crear nuevas plazas de jueces sin ton ni son. Cuando se creen los tribunales de instancia se pueden dotar de gabinetes técnicos para que los jueces, sin necesidad de incrementar su planta, tengan, como existen en todas las instituciones, un equipo de colaboradores que les ayuden en su trabajo diario.

-¿Qué tipo de técnicos tendrían que ser, letrados?

-Podían ser letrados de la Administración de Justicia, incluso jueces en primer destino. Sería bueno que los jueces titulares contaran, como existe en el Tribunal Supremo, con un gabinete técnico, formado por magistrados, que les ayuden a buscar jurisprudencia, a preparar resoluciones.

-¿Los conflictos entre ciudadanos están demasiado judicializados?

-El ciudadano acude en muchísimas ocasiones a los tribunales, lo cual es bueno porque indica la confianza que tiene en los jueces, pero eso satura y sobrecarga a los órganos judiciales.

-¿Tendremos pronto Oficina Judicial?, ¿cómo está el proyecto?

-La tenemos en Burgos, León y Ponferrada y creo que, como es un proyecto que con sus luces y sus sombras ya se ha implantado en muchos lugares de España, es ya un viaje sin retorno. Debemos superar ese diseño judicial del siglo XIX con el que hemos funcionado y apostar por este sistema más moderno, corrigiendo los errores detectados en los lugares donde ya se ha implantado.

-¿Hay fecha para su puesta en marcha en la provincia de Zamora?

-Pues no, creo que será en un futuro próximo, pero en estos momentos estamos inmersos en la digitalización de la Administración. Concretamente, sobre Zamora no le puedo precisar más.

-¿Será un sistema de trabajo más eficaz, porque los jueces tienen sus dudas?

-Porque han visto las disfunciones que han surgido en otros lugares, pero así como en León ya se corrigieron las surgidas en Burgos y en Ponferrada, las surgidas en estas otras dos, a medida que vayan surgiendo en otros puntos, se irán subsanando, nacerán con mayor previsión y con mejor rendimiento.

-¿Es inevitable llegar a esa Oficina Única?

-Yo creo que sí. Ya se estableció por Ley en diciembre de 2003, llevamos trece años con esa previsión legislativa.

-¿Qué reivindicaciones tiene el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para plantear al Poder Judicial como asignaturas fundamentales pendientes?

-Me he propuesto tres objetivos en este tercer mandato que ahora empiezo: en primer lugar, por supuesto, la modernización, la digitalización plena, implantar el expediente digital en todos los juzgados y tribunales del territorio; en segundo lugar, dejar un mapa de infraestructuras propio del siglo XXI. Y, en tercer lugar, seguir fomentando la comunicación y la transparencia, porque es fundamental que el ciudadano, que es el último destinatario de nuestros esfuerzos, se entere de lo que hace el Poder Judicial en este país y pueda, así, valorarlo y apreciarlo.

-¿Comparte usted la denuncia de algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial sobre la excesiva politización, tanto que se les controla el voto en determinados asuntos?

-Siempre he dicho que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que privó a los jueces de elegir a los 12 vocales de procedencia judicial, supuso un peligro de contaminación política o, al menos, de apariencia de contaminación política que no es buena. Yo no he pertenecido a él e ignoro si esa falta de independencia es cierta o no, pero hay un riesgo evidente y el legislador debiera plantearse una reforma y volver al sistema constitucional.

-¿Cree entonces que la politización de ese órgano de Gobierno de los jueces ha ido en aumento, el control del poder político sobre el judicial es mayor?

-El poder político siempre tiende, por vocación, a controlar al judicial, otra cosa es que este lo permita; y afirmo que los jueces, cuando juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, son plenamente independientes.

-Una politización que ha estado a punto de salpicar el juicio de asuntos como la Gürtel, ¿debería haber mecanismos para evitar esas situaciones, ya que hay que ser especialmente escrupulosos?

-Bueno, existe la recusación y en ese caso, ya superado, se presentó y el Tribunal Supremo la admitió. Pero yo creo que antes de la recusación debe estar la abstención: el propio juez que se vea concernido en algún asunto, tras un examen reposado de conciencia, diga si está contaminado a la hora de juzgarlo. Esos jueces entendieron que no lo estaban y yo entiendo que debió de respetarse su decisión.

-¿Los jueces son en estos momentos quienes tienen la responsabilidad de "limpiar" al poder político, acabar con la lacra de la corrupción?

-Están dando un ejemplo importante de responsabilidad, eso es lo importante. Con los escasos medios con los que muchas veces cuentan, los jueces están trabajando y luchando para que esos casos de corrupción salgan a la luz, se investiguen, se enjuicien y, si se puede, que se castiguen.

-¿La nueva Ley de Enjuiciamiento Judicial, que limita tanto el tiempo de investigación, al máximo de 18 meses, no puede ser un freno a ese propósito?

-No un es freno, sino un toque de atención al juez para que la instrucción de las causas, la investigación, no se demore, no se dilate en los juzgados de Instrucción, aunque debo decir que el primer interesado en ello es el propio juez.

-Hay casos de corrupción política tan voluminosos que es imposible resolver su investigación en año y medio.

-Es que son muy complejos, con muchos imputados, ahora investigados, y muchas tramas económicas que requieren mucho estudio y la práctica de muchas pruebas.

-¿El legislador, el poder político, ha querido poner coto al poder del juez a la hora de resolver estos asuntos con esa Ley de Enjuiciamiento Criminal?

-Quiero pensar que le ha guiado un buenismo: el buen deseo de que las causas se enjuicien cuanto antes.

-¿Deberían tener jueces de refuerzo los magistrados que investigan este tipo de asuntos para dedicarse en exclusiva a su instrucción, dada su complicación?

-Cuando a un juzgado le toca soportar un caso de especial complejidad, como estos relacionados con la corrupción, los órganos de Gobierno del Poder Judicial debemos de reforzar, de auxiliar, a los jueces que los investigan, descargándoles del resto asuntos para que se dediquen de forma plena a ese caso.

-Diagnostique, ¿qué tal está la justicia en estos momentos?

-Sigo teniendo fe en la justicia, es la asignatura pendiente de la democracia, verdaderamente nadie le ha dedicado interés de modo pleno, pero nos está sorprendiendo y demostrando que funciona, mejor de lo que pensamos. Es una institución en la que el ciudadano confía y a la que acude para resolver sus conflictos.