Una de cada diez quejas presentadas en lo que va de año ante el procurador del común procede de Zamora. Hasta abril de 2016, la institución autonómica ha recibido 56 reclamaciones procedentes de la provincia, solo ocho menos que las recabadas por el procurador en todo el ejercicio 2015. La provincia que lleva más quejas en lo que va de año es León, seguida -aunque de lejos- por Valladolid, Salamanca y Burgos. En quinto lugar dentro del ránking regional se sitúa Zamora.

La mayoría de las quejas están relacionadas con el régimen jurídico de los ayuntamientos, bienes y servicios municipales -dos de cada diez casos- mientras que el 13% obedece a problemas de Medio Ambiente. Le siguen de cerca asuntos relacionados con las áreas de Fomento, Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud, según el propio registro del procurador del común de Castilla y León.

En lo que se refiere a los datos del pasado 2015, las reclamaciones zamoranas supusieron apenas un 2% del total de Castilla y León, 68 reclamaciones frente a las más de 4.300 registradas. En 2014 las quejas expresadas por los zamoranos ascendieron a 86 mientras que en 2013 superaron las 600, en torno al 20% de los requerimientos presentados por los vecinos de Castilla y León.

El procurador del común es una institución que tiene encomendada por las Cortes de Castilla y León la misión de defender y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos reconocidos en el Estatuto de Autonomía. Entre sus funciones está la de supervisar la actividad de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y las diputaciones de la región, así como entidades locales menores y los diferentes organismos que dependan de ellas. La intervención del procurador del Común tiene lugar a instancia de cualquier persona que considere que la Administración, las autoridades o sus funcionarios han vulnerado sus derechos o lesionado sus legítimos intereses. El procurador también supervisará la actuación de la Administración Pública por iniciativa propia de oficio, si bien éstas suponen un porcentaje mínimo en el cómputo global. Las resoluciones del Procurador del Común no son ejecutivas, de modo que no puede imponer sus decisiones a la institución contra la que se imponga la queja.