Justicia crea un aula de informática para formar a funcionarios en la digitalización

La Administración habilita una zona en la sede judicial para ampliar los conocimientos de los empleado públicos sobre programas telemáticos

25.04.2016 | 18:23
Trabajadores, ante los juzgados.

Los funcionarios de la Administración de Justicia de Zamora dispondrán en breve de un aula de informática para tener una formación permanente en relación con el expediente digital y su tramitación, al objeto de despejar las dudas que puedan surgir sobre el uso de los distintos programas que permitirán terminar con el papel en el mes de junio en los diecisiete juzgados de la provincia, en la Fiscalía de Zamora y la oficina de notificaciones. A partir de esa fecha todas las denuncias y demandas que entren en sede judicial no tendrán el papel como soporte. La medida se inscribe en el proyecto de digitalización de la Justicia, que incluye un plan de formación, comunicación y soporte tecnológico en la misma. El aula servirá para que los empleados públicos puedan contar con el asesoramiento técnico necesario para utilizar correctamente los programas de digitalización de las causas judiciales y de todos los trámites que dependen de la Administración de Justicia, el más reciente, el Minerva Digital, con el que se está llevando a cabo una experiencia piloto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora. La Fiscalía solicitó que se experimentará primero en una sola instancia judicial para corregir las posibles disfunciones que pudieran surgir.

El aula se está habilitando en el último piso del edificio del Palacio de Justicia, ubicado en la calle del Riego, en un espacio que fue hasta hace casi dos décadas la vivienda del fiscal jefe y del presidente de la Audiencia Provincial.

Las obras de acondicionamiento todavía no han concluido del todo, por lo que el aula todavía tardará en ponerse en marcha, si bien debería estar dotada para el mes de junio, plazo que se ha dado el Ministerio de Justicia para entrar de lleno en el proceso de informatización de todo el entramado judicial. Esta herramienta permitirá que jueces, funcionarios, fiscales, abogados y procuradores estén en contacto permanente a través de los diferentes programas telemáticos implantados sucesivamente desde el inicio de la primera década de este siglo, cuando los procuradores empezaron a trabajar con el Lexnet, que adoptarían posteriormente los abogados, desde el uno de enero de este año.

Es el turno ahora de los funcionarios públicos, que llevan recibiendo formación desde hace meses a cargo de los informáticos de la empresa que se encarga de llevar a cabo la instalación y control de los diferentes programas telemáticos, así como secáneres y otro tipo de material.

Los empleados públicos han aprendido a manejar el Lexnet, el Minerva, el cargador de expedientes digitales, la firma electrónica, en el caso de jueces y fiscales, el visor de expedientes y otro tipo de programas que pondrán el punto y final a las mesas y estanterías llenas de carpetas de papel con sus respectivos documentos.

El ahorro para la Administración de Justicia será importante tanto en lo económico como en tiempo, principal objetivo que se persigue para dar una mayor efectividad a la acción de la justicia y evitar los actuales retrasos en la resolución de procedimientos judiciales, si bien jueces y fiscales vienen insistiendo en la importancia de incrementar los medios humanos. Las oficinas de Penal de los juzgados de Primera Instancia restantes se han ido adoptando de modo que la comunicación telemática es ya una realidad.

Los funcionarios del Ministerio de Justicia participaron en un simulacro de emergencia la semana pasada, con el objetivo de conocer los medios (desde los puntos para activar los mecanismos de alerta hasta el modo en que se debe organizar la evacuación) de que disponen las distintas plantas de los edificios de la Audiencia Provincial y del Palacio de Justicia para evacuar las dependencias en caso de que se produzca una situación de alarma. En cada una de las cuatro plantas de la sede judicial se nombró a un responsable para dirigir al resto de compañeros en la estrategia de desalojo.

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