La Junta de Castilla y León está incumpliendo el plazo de seis meses para resolver las solicitudes de dependencia y tarda siete, ocho y hasta doce meses en notificar las resoluciones, lo que supone para los beneficiarios un retraso en el acceso a los servicios y el pago de las ayudas que les corresponden. Es la denuncia pública de Ana Isabel Esteban, presidenta de la asociación Solidaridad Intergeneracional, quien explica cómo los centros de acción social (CEAS) de Diputación y Ayuntamiento de Zamora están siendo diligentes a la hora de tramitar los expedientes, pero cuando llegan a la Gerencia de Servicios Sociales se ralentizan.

La situación, indica Esteban, afecta especialmente al grupo más numeroso, los del grado 1, que se incorporaron al sistema de dependencia a partir de julio y deberían haber tenido resuelta su situación en enero, cosa que no ha sucedido. Esteban explica que teóricamente una persona podría acceder a los servicios a los que tuviera derecho a partir de los seis meses desde la solicitud, pagándolos de su bolsillo y luego reclamándoselos a la Administración. Pero en la práctica es muy difícil, porque hasta que no llega la resolución de la Junta es muy complicado determinar qué cantidad económica puede corresponder a cada solicitante, ya que se tiene en cuenta no sólo sus necesidades de atención sino también su capacidad económica.

Solidaridad Intergeneracional está realizando jornadas informativas por los pueblos de la provincia, informando con detalle sobre el procedimiento y vías posibles para no perder ni un solo día más de ayuda a la que se tenga derecho, así como las posibilidades de generar empleo prestando este tipo de servicios. Las próximas citas son el centro de jubilados de Moreruela de Tábara a las cuatro de la tarde y mañana a las 18.00 horas en el Ayuntamiento de Villamor de los Escuderos. Los datos de la Junta indican, sin embargo, que Castilla y León incorporó ya al 69,49% de dependientes de Grado I en enero, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 28,14%. Castilla y León ha incorporado, en el acumulado de julio a enero, 11.626 personas y atendía ya ese mes a 17.162.