La ley Montoro obliga a dedicar 4,4 millones de euros de remanente de Tesorería a amortizar la deuda de la Diputación Provincial. Mientras que el portavoz socialista, Antonio Plaza, reprocha que la ley impida dedicar esta cuantía a "los problemas de nuestros pueblos", el popular Aurelio Tomás argumenta que "con la deuda que ahora amortizamos tendremos más disponibilidad presupuestaria para el próximo ejercicio".

La corporación provincial celebra desde las diez de la mañana su sesión plenaria, donde se ha aprobado también la suscripción del convenio de colaboración con el Ayuntamiento para el uso del frontón y la piscina del colegio del Tránsito.

Además, la sesión plenaria ha servido para mostrar "apoyo absoluto" a los trabajadores de Tragsa, amenazados por un despido colectivo y a la plantilla del banco Ceiss ante el posible cierre de nuevas oficinas. A su vez, la Diputación mostró su compromiso con la agilización de licencias para emprendedores -a iniciativa de Ciudadanos. y con los cuidados paliativos a través de una moción de IU. En este último caso, la institución insta a la Junta a elaborar un estudio para conocer las necesidades reales en los pueblos para que la unidad de cuidados paliativos domiciliaria cubra toda la provincia.