El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto el foco sobre 166 municipios de la provincia de Zamora, unos ayuntamientos a los que se les requiere la remisión sobre las liquidaciones presupuestarias y las ejecuciones de las cuentas para constatar que se cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria (aprobada en el año 2012 por el mismo Gobierno que ahora está en funciones).
En la misiva, que según han indicado fuentes del Ministerio a este diario ya se ha remitido a los ayuntamientos afectados, el Gobierno advierte sobre la posibilidad de aplicar "medidas correctoras" en caso de que la documentación requerida no llegue a manos de los organismos de control. No es la primera vez que sobre algunos ayuntamientos sobrevuela el fantasma de la no participación en la participación en los ingresos del Estado, una cifra variable que todos los años se transfiere a las administraciones locales para que puedan seguir prestando los servicios que la ley de competencias les otorga.
Según la información suministrada por el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a lo largo de la semana pasada se enviaron un total de 166 requerimientos de este tipo a distintos ayuntamientos de la provincia de Zamora. Se trata de la liquidación del presupuesto de 2014, el estado de las cuentas de 2015, las líneas de actuación fundamentales de 2016 y las previsiones presupuestarias de las cuentas que abarcan hasta 2018.
Así las cosas, siempre según los datos de Hacienda, hay 18 municipios que todavía no han presentado la liquidación del año 2014. Son, por lo general, municipios de pequeño o mediano tamaño. Una de las infracciones más usuales, que afecta a 41 municipios, se refiere a la ejecución de las cuentas del año pasado. Aquí se desgrana por trimestres y, como en principio podría parecer lógico, la mayoría de las infracciones son referentes a los últimos trimestres del año pasado, fundamentalmente al cuarto.
La explicación a esta especial vigilancia por parte del Ministerio a las administraciones locales hay que buscarla en que en Madrid están preocupados porque el hecho de que, por la situación actual del Gobierno en funciones, los ayuntamientos dejen de lado la obligación de presentar los gastos. Hacienda quiere vigilar, una vez más, el techo de gasto de los municipios.
La relación de pueblos muestra que muchos son de los más pequeños de la provincia, algo que no es óbice para que también aparezcan algunos con un volumen de población más que relevante. Así, Hacienda pide a Toro las líneas fundamentales de sus cuentas para el año que viene y la previsión presupuestaria hasta el ejercicio 2018. Morales del Vino tiene pendiente la ejecución por trimestres de cuarto periodo del año pasado. Villaralbo tampoco ha presentado las líneas básicas de este año al igual que Fuentesaúco, Villalpando y Puebla de Sanabria (por orden de población). Entre los municipios de más de mil habitantes con presencia en la lista cabe destacar también a San Cristóbal de Entreviñas, Fermoselle, Galende, Santa Cristina de la Polvorosa, Bermillo de Sayago, Coreses, Corrales del Vino, Santibáñez de Vidriales y Trabazos. Salvo en el caso de Galende, que registra múltiples infracciones según Hacienda, la mayoría de los casos señalados obedece a la falta de la liquidación de los últimos trimestres del año pasado o a la proyección de los siguientes ejercicios.
Toda la información que se requiere, apuntan fuentes de Hacienda, tendría que haber sido remitida antes del 31 de enero de este año. Así lo establece la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera del año 2012, que afecta no solo a las administraciones locales sino también a las regionales. Tras rendir cuentas ante el Ministerio de Hacienda, este organismo remite los números a la Comisión Europea para garantizar que las administraciones no incurren en déficit.
