La pareja a la que una joven madre habría vendido o dado en adopción ilegal a su bebé de 15 días está siendo investigada (imputada según el anterior Código Penal) por su posible implicación en la comisión de un delito, que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora, competente en asuntos de familia.

Los supuestos padres adoptivos del menor de seis meses, que residen en Cardiff Bay (Reino Unido), ya han declarado en calidad de investigados ante el magistrado, sin que haya trascendido el contenido de lo relatado, si bien todo hace indicar que negaron haber desembolsado entre 3.000 y 15.000 euros, cuantía que se dijo que habrían entregado a la madre del niño, de iniciales I.R.B., de 19 años y nacionalidad rumana.

La otra persona investigada en esta causa es esta joven, que reside en la capital, donde dio a luz al bebé, pero que estaría en Gales. Los otros dos acusados son dos jóvenes españoles, de 26 años de edad. Hasta la localidad galesa en la que viven se trasladó al niño. Allí permanece bajo la custodia de las autoridades, dado que los tribunales de esa localidad también tienen abierta una causa judicial para investigar si hubo o no una venta del menor o una adopción ilegal, como sospecha la Policía Nacional de Zamora.

La Comisaría de Zamora emprendió las pesquisas después de que una agente sospechara del comportamiento de la joven al encontrársela, preguntarle si había dado a luz ya y dónde estaba el menor y tras recibir por respuesta que el niño había fallecido en Reino Unido, a donde le llevó para operarle de urgencia de una lesión vascular. La agente nacional la interrogó en la Comisaría, momento en el que la acusada afirmó que el niño estaba en Cardiff Bay con unos amigos. La joven, con antecedentes policiales, afirmó a este diario que "no se trató de ninguna venta y lo único "ilegal" que hice fue registrar al niño con los apellidos del padre que no es", ese registro aumentó la desconfianza y las sospechas de la policía sobre una posible venta del menor de edad. Esos datos supusieron el punto de inflexión para la apertura de la investigación por una presunta adopción ilegal o por una venta del menor, nacido el 2 de septiembre de 2015, por un precio que oscilaría entre los 3.000 y 15.000 euros, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno.

El Juzgado zamorano está a la espera de que la madre del pequeño -que se sospecha que continúa allí- preste declaración en calidad de investigada (imputada), después de que permaneciera en paradero desconocido durante meses. El Juzgado emitió una orden de busca y captura, al objeto de obligarle comparecer ante el magistrado, si bien parece que ya lo hizo ante el juez de Gales.

El testimonio de personas del entorno de esta madre contribuyó a incrementar las sospechas, ya que dijeron haberla oído comentar que iba a vender a su bebé. Todos han comparecido ya en el Juzgado número 5 de Zamora, donde han vuelto a confirmar que escucharon a la acusada decir que pretendía vender al niño nada más nacer.