La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha hecho aguas apenas tres años después de promulgarse. En febrero de 2013, el ministro Cristóbal Montoro anunciaba un paquete de medidas con un carácter eminentemente ahorrador. Esta semana, el Tribunal Constitucional tumbaba una serie de preceptos de esa Ley en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, que son los tres pilares del mundo rural. El fallo del TC ha decretado inconstitucionalidad en el punto en que el Estado prohibe a las comunidades autónomas que atribuyan a los municipios esas competencias. ¿La razón? La propia falta de competencia del Estado para ese decreto.

Las reacciones ante la sentencia del Tribunal Constitucional se han sucedido en el panorama político zamorano. Tras las intervenciones de Izquierda Unida, Partido Socialista y la propia Junta de Castilla y León en palabras de Rosa Valdeón, los últimos en valorar la situación han sido los parlamentarios del Partido Popular. Y su lectura del asunto es radicalmente diferente a la de la vicepresidenta de la Junta, también del PP. "Es una mala noticia para los ayuntamientos y para el municipalismo, porque ahora los pueblos quedan desamparados", ha analizado el diputado en el Congreso, José María Barrios.

Tanto Barrios como el senador Javier Faúndez han mostrado su descontento con la decisión del alto tribunal. "En primer lugar, hay que recordar que tan solo se ha anulado un artículo de 141, porque parece que toda la Ley es ya inconstitucional. Dicho esto, tanto esta anulación como cualquier otro recurso que pueda prosperar, será malo para los ayuntamientos", analizó el exalcalde popular de Morales del Vino.

José María Barrios afirmó ayer que las consecuencias para Zamora llegarán en tres casos. "El primero será el proceso de disolución de las Entidades Locales Menores, que el Estado no puede entrar a regular. El segundo será la garantía de cobro de los ayuntamientos si tienen deudas con la Junta, que el Estado no podrá financiar. Y el tercero, la regulación de fondos entre autonomías y ayuntamientos en materia sanitaria y de servicios sociales, porque es competencia de la Junta", indicó. Tres situaciones que, según los parlamentarios populares, "son perjudiciales" para los municipios.