La Junta de Castilla y León ha precisado que la unidad de Foniatría "se creó a finales de los años 80" en Zamora, y por tanto "antes de que Rafael López llegara como gerente del hospital Virgen de la Concha", por lo que malamente pudo ser el actual responsable regional de Sacyl el autor de ninguna irregularidad por crear esta unidad.
La Junta indicó que Sacyl tiene dos opciones "o bien mandar los pacientes a Salamanca o externalizar el servicio", lo que a juicio de la Administración "es lo que pedían los demandantes". Sin embargo, en la sentencia ganada por UGT sólo se menciona la anulación de la creación de la unidad y el nombramiento de su responsable, y no se menciona externalización alguna.
Por otro lado fuentes próximas a la logopeda del Complejo Asistencial de Zamora señalaron que la especialidad de foniatría "no existe en el sistema sanitario porque no tiene cometido". Criticaron en este sentido las declaraciones del otorrinolaringólogo que vinculó la desaparición de la unidad de Foniatría con la detección precoz del cáncer de laringe, porque es crear "alarma social". Según estas fuentes "la detección precoz del cáncer de laringe es labor del médico de atención primaria y del otorrinolaringólogo". Las mismas fuentes aseguran que "si tan importante fuera la especialidad de Foniatría, se habría creado en las especialidades médicas de Bolonia y en el Sistema Nacional de Salud".
De hecho, reconocer el extremo defendido por el otorrinolaringólogo en la edición de ayer de este mismo diario "supondría reconocer que en el resto de hospitales de la Comunidad, que carecen de foniatra, no se hace detección precoz del cáncer de laringe".
La creación de plazas, insisten las mismas fuentes, debe hacerse cumpliendo la legalidad, y con las competencias que la legislación atribuye a cada profesional. En este sentido, los pacientes de logopedia, una titulación reconocida y con sus competencias establecidas, atiende a los pacientes que le toca, lo mismo que otorrinolaringología.
El sindicato UGT defiende su actuación, ya que entiende que ni la unidad creada ni el nombramiento de su responsable se ajustaban a la legalidad, como han reconocido los tribunales.
