Las dificultades económicas obligan a más de 300 vecinos de la provincia a acogerse al pago fraccionado de sus impuestos para afrontarlos de manera más cómoda, con aplazamientos que van desde los tres meses al año y medio, en función del montante de los recibos. En cuantía económica, estos expedientes suponen casi un millón de euros -en concreto, 786.000 euros- sobre los alrededor de 34 millones de euros de recaudación tributaria total, es decir, en torno a un 2%, según datos facilitados por la propia institución provincial de Zamora.

Las deudas con un importe inferior a 600 euros podrán aplazarse por un periodo máximo de tres meses, según la legislación vigente. El pago de facturas cuyo valor esté comprendido entre 600 euros y 1.200 podrá ser fraccionado o aplazado hasta en medio año. Cuando el importe del recibo se sitúe entre 1.201 euros y 3.000 euros, el aplazamiento puede alcanzar los nueve meses, mientras que cuando llegue a 6.000 euros la moratoria permite hasta el año. La opción con mayor temporalidad es para deudas a partir de 6.001 euros, cuyos plazos concedidos pueden extenderse hasta 18 meses. Solo de manera excepcional se concederá el aplazamiento de las deudas cuyo importe sea inferior a 150 euros o por periodos más largos que los anteriores. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento de pago podrá efectuarse mediante domiciliación, en cuyo caso, en la solicitud deberá constar la orden bancaria. Además, no se exigirán intereses de demora en los aplazamientos de pago de deudas de vencimiento periódico, siempre y cuando la solicitud -de obligado registro para la petición del aplazamiento- se haya formulado en el periodo voluntario y el pago total se realice en el mismo ejercicio que el de su devengo.

El fraccionamiento o moratoria es, en cambio, diferente a los impagos por morosidad. Cada ejercicio las arcas de la Diputación Provincia dejan de ingresar alrededor de ocho millones de euros por impagos de tasas e impuestos por parte de los vecinos de los pueblos. Alrededor de 6,5 millones se debe a la morosidad de los contribuyentes, mientras que el millón y medio restante se queda por el camino a causa de bajas y suspensiones, la mayoría, motivada por fallecimientos de vecinos.

De cualquier modo, en todos los casos el pago voluntario acapara más del 90% de los pagos, mientras que uno de cada diez se cobra a través de la vía ejecutiva. El volumen de recibos y liquidaciones emitidos y gestionados en periodo voluntario ronda los 30 millones en los últimos tres ejercicios.

El servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial gestiona el IBI y el IAE de 239 ayuntamientos de la provincia así como el impuesto de vehículos, la tasa de basuras, el abastecimiento de agua y otras tasas como alcantarillado, ocupación de vía pública o tránsito de ganados de 180 municipios, dos mancomunidades y tres entidades locales menores. Los cobros se gestionan a través de un sistema centralizado de ventanilla única en las oficinas de recaudación de Zamora y Benavente o, en su defecto, mediante domiciliación bancaria. La Diputación Provincial percibe un porcentaje de entre el 4% y 5% de lo recaudado en cada localidad a cambio de encargarse de la gestión tributaria y recaudación. Una cifra que depende del tipo de tributos delegados en cada caso, ya que hay ayuntamientos que solo han traspasado el cobro de determinados tributos como el agua, ña basuras, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.