La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se mostró contraria al acuerdo alcanzado entre la Junta de Castilla y León y la Sareb sobre la cesión de 100 viviendas repartidas en 28 municipios de la comunidad por un periodo de 4 años para familias en riesgo de exclusión. La asociación considera "insuficiente" este número, teniendo en cuenta los datos en Castilla y León. "Esta medida abunda en la injusticia que se viene padeciendo en relación al derecho de todo el mundo a tener una vivienda digan y además es un despilfarro inadmisible ya que, habiendo casas vacías, en su mayoría en manos de la banca y de los grandes tenedores inmobiliarios, aún hay gente sin casa", argumentó el portavoz de la PAH en Zamora, Juan Carlos Riego.

Tras concentrarse a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta durante unos minutos, una representación de este colectivo registró un documento en el que se contemplan determinadas demandas en relación a la creación de un parque de viviendas de alquiler.

En primer lugar se solicitó que al menos el 45% de las viviendas que están en manos de la Sareb -el denominado banco malo- pasen de manera permanente a formar parte del parque de viviendas para alquiler bajo la titularidad de la Junta "puesto que es el porcentaje de capital aportado por el Estado en la creación de este organismo, y así acabar con el carácter especulativo que en España se ha dado a la vivienda, vulnerando los derechos humanos contemplados tanto en las Constitución como en los acuerdos internacionales en esta materia", explicó el portavoz.

Otra de las demandas es publicar "de manera inmediata" la localización exacta de las viviendas cedidas, así como el número real que se pondrá a disposición de aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Por último, en el escrito registrado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora se solicitó que se reduzca el precio mínimo acordado de 125 euros al mes por alquiler. "El precio se tiene que establecer en función de los ingresos, teniendo como límite el 30% de los ingresos cuando estos estén por encima del sueldo mínimo interprofesional, que es lo que una familia debería destinar a la vivienda, incluidos los gastos de agua, gas y electricidad", contabilizó Riego para finalizar.