El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a los conductores para recuperar el céntimo sanitario entre los años 2002 y 2009, cuando en lo que afecta a Castilla y León solo estaba vigente el tramo estatal del gravamen. Se trata de la respuesta del Alto Tribunal a las reclamaciones presentadas por varios transportistas, que pretendían recuperar lo pagado por un impuesto que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014. Aunque en principio esos años se consideraron prescritos, lo que cerraba la puerta a las reclamaciones, ahora se presenta la oportunidad de iniciar las medidas oportunas.

Según los datos de consumo de carburante, y teniendo en cuenta que entre los años 2002 y 2009 el impuesto gravaba con unos dos céntimos el litro de combustible dispensado en las estaciones de servicio, los zamoranos tendrían derecho a reclamar más de 34 millones de euros. Es una cantidad muy elevada, pero es descabellado pensar que se podrá recuperar todo. Lo que está claro es que el Estado ingresó esta cantidad de forma ilegal, según las consideraciones de los tribunales comunitarios.

Por partes, cabe señalar que entre los años 2002 y 2009 se dispensaron en las estaciones de servicio de la provincia, teniendo en cuenta los datos del portal estadístico de la Junta relativos a la gasolina de 95 octanos, a la de 98 y al gasóleo A, más de 1.700 millones de litros de combustible. La mayor parte equivale al gasóleo A, con más de 1.300 millones de litros de combustible vendidos.

Las previsiones del Gobierno indican que muchos conductores no podrán acogerse a las reclamaciones. La razón hay que buscarla en que es necesario presentar las facturas -no los recibos- de los respostajes. No es arriesgado decir que prácticamente ningún conductor conservará el documento, incluso en el improbable caso de haber solicitado la factura al llenar el depósito. En este sentido, no es de extrañar que los datos que manejan los abogados y el propio Gobierno son radicalmente distintos. El abogado Antonio Martínez, que ha llevado al Supremo uno de los ocho recursos estimados por el tribunal, estima que la cifra rondará los 4.000 millones. Hacienda, por su parte, estima que las devoluciones no superarían en ningún caso los mil millones.