La comparecencia del exjefe de Industria de Zamora de la Junta de Castilla y León, José Bahamonde, imputado por el Juzgado número 3 de la capital en la trama solar, será una de las que soliciten los procuradores del PSOE en la comisión de investigación de la trama eólica "para que explique el por qué de las demoras en la concesión" de 17 autorizaciones de parques en la provincia hasta que, a partir de 2004, la competencia pasó a manos del viceconsejero de Economía, entonces Rafael Delgado.

A Bahamonde también se le pedirán cuentas, si se aprueba su comparecencia, de "por qué se opta por unas empresas solicitantes y no por otras", declaró en Zamora el procurador socialista e integrante de la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo. Desde la Junta se dio una instrucción para que lo que era una excepción la asunción de las autorizaciones por altos cargos de la Junta, se convirtiera en regla a partir de 2004 y los jefes de servicio dejaran de firmarlas.

"El meollo en Zamora" del caso de la trama eólica "está en cómo resuelven la concordancia de proyectos", es decir, cuando existen varias sociedades interesadas en instalar un parque eólico en un mismo lugar, "por qué" desde la Administración regional "se opta por unas empresas en lugar de otras a la hora de adjudicar", concretó el procurador socialista. Por el momento, hasta que no desmenucen los 17 expedientes, "no podemos saber si están vinculadas a algún alto cargo de la Junta o alguna persona vinculada al PP".

Otra de las anomalías en el procedimiento de autorización de este tipo de instalaciones está en la venta de accionariado y cambio de titularidad de las solicitudes de autorización de los parques, irregularidades que en la provincia tendría menos incidencia, indicó Izquierdo. El socialista precisó, a expensas de analizar toda la documentación, que "en Zamora hay cambios de titularidad en empresas de los mismos grupos u otras que amplían a otros grupos más grandes", una fórmula similar a la detectada en la trama solar, en la que el exjefe de Industria zamorano está imputado por los delitos de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

El interrogatorio de este exjefe de Industria de Zamora obedece a la sospecha de que "se recibían instrucciones verbales de la Consejería de Economía", dirigía por Tomás Villanueva, para dilatar el procedimiento administrativo y así favorecer a empresas relacionadas a altos cargos del PP en la Junta o personas vinculadas a ese partido, explicó Izquierdo a la puerta de la Delegación de la Junta, a donde acudió con su compañero Juan Francisco Martín. Los dos integrantes de la comisión de investigación no descartan solicitar también que comparezca el exdelegado de la Junta en Zamora en el periodo a investigar, entonces Óscar Reguera, y el jefe del servicio de Medio Ambiente porque "la declaración de impacto ambiental se ralentiza mucho y detrás de las demoras detectamos siempre algún tipo de funcionamiento anómalo de la Administración".

Los dos procuradores del PSOE revisaron los 17 expedientes de los parques eólicos, entre ellos Gestión de Parques Eólicos de Zamora (Geza) -caso ya investigado en su día por la Fiscalía de Zamora y archivado por el Juzgado de Puebla-, y Energías Renovables de Ricobayo, en busca de pruebas que despejen las dudas sobre posibles ilegalidades, que investiga la Fiscalía Anticorrupción a instancias de la Agencia Tributaria que "detectó el cobro de hasta 110 millones de euros en comisiones por las autorizaciones de algunos parques eólicos.