Condenado a año y medio de prisión por vender máquinas de gimnasio arrendadas

El procesado deberá indemnizar a la empresa con la que formalizó el contrato con 37.000 euros por los aparatos que no se pudieron recuperar

26.01.2016 | 06:10
Uno de los testigos del juicio comparece frente a los magistrados.

Adquirió 32 máquina para un gimnasio a través de un contrato de arrendamiento financiero, conocido como "leasing", entre cintas de correr, bicicletas estáticas, elípticas y aparatos de remo y en vez de utilizarlas en una instalación deportiva, convirtió este alquiler en un negocio propio. La Audiencia Provincial de Zamora condenó ayer a un hombre por un delito de estafa a un año y medio de prisión y una multa que asciende a 900 euros. Además, deberá indemnizar a la empresa de alquiler con la cantidad de 37.009,54 euros, en concepto de los aparatos que no pudieron ser recuperados.

El acusado firmó un contrato sobre el alquiler de los aparatos de gimnasia para, una vez en su poder, proceder a su reventa a terceras personas. Además, con el objetivo de simular una apariencia de solvencia, se aprovechó de la existencia de una sociedad zamorana para realizar el trato a través de ella.

De esta manera, se formalizó el contrato en julio de 2013 por valor de 64.224 euros, que se abonaría en 48 cuotas mensuales. Unas cantidades que no se cumplieron en ningún momento. De hecho, el acusado trasladó todos estos aparatos a una nave de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor y solo una semana después del acuerdo, puso todo el material a la venta a través de Internet, poniendo anuncios en un portal web, donde los ofertaba a un precio menor que el estipulado en el mercado. El procesado tuvo contestación de varios compradores nacionales.

Fue en febrero de 2014 cuando se realizó un registro en la nave sevillana, autorizado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora, para comprobar que tan solo quedaban 15 máquinas, valoradas en 27.214 euros, mientras que las 17 restantes ya habían sido vendidas.

El acuerdo de conformidad al que se llegó para no tener que celebrar el juicio no se hizo extensivo a la letrada que defendía al que por entonces era el administrador de la empresa, quien pidió la absolución de su cliente al demostrar que él no sabía nada sobre este negocio y que solo figuraba con ese cargo en las escrituras de la empresa "a cambio de 700 euros", reconoció en su declaración. La Fiscalía solicita que la empresa sea responsable civil subsidiario con respecto a la indemnización que se solicita para el procesado.

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