Mociones que traspasan las competencias intrínsecas del Ayuntamiento de Zamora y de la Diputación Provincial se debaten a menudo en las sesiones plenarias de sendas instituciones. En unos casos, las propuestas van encaminadas a instar al órgano competente a que mueva ficha. En otros, se presentan por pura oposición política.
En el caso de la institución local, la situación ha llegado a tal punto que el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora ha tomado la decisión de abstenerse en todas aquellas votaciones que no sean estrictamente de índole municipal. Francisco José Requejo y Reyes Merchán consideran que Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE están "empeñados en convertir al Consistorio en un ministerio oficioso de asuntos exteriores". No entienden los concejales naranjas por qué "se desvirtúan los Plenos con mociones que deben solventar otras instituciones de carácter nacional e internacional".
Coca-Cola. En el Pleno de septiembre de este mismo año, Izquierda Unida y PSOE sorprendían con una moción que traspasaba y mucho la barrera de las competencias otorgadas por los ciudadanos de Zamora a los representantes en el Ayuntamiento de Zamora. En ella, los once firmantes mostraban su apoyo y solidaridad con los trabajadores de la planta de Coca-Cola ubicada en Fuenlabrada (Madrid). Y no solo eso, sino que el documento amenazaba, además, con que «el Ayuntamiento de Zamora estudiaría adoptar otro tipo de medidas necesarias para que los trabajadores y trabajadoras afectados fueran repuestos en todos sus legítimos y legalmente reconocidos derechos».
Venezuela. El Partido Popular llevó al Pleno de octubre otra moción para que el Ayuntamiento de Zamora solicitara la liberación del alcalde de Caracas (Venezuela), Antonio Ledezma, preso desde el mes de abril por «motivos políticos». El grupo municipal popular sustentaba su exposición en la adhesión de la FEMP a la denominada «Declaración Mundial de los Alcaldes sobre la privación ilegal e ilegítima de libertad del Alcalde Metropolitano de Caracas», auspiciada por Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Lo legítimo de la moción no cambia que el papel del Ayuntamiento de Zamora, en este conflicto, sea meramente testimonial y falto de competencias, que es lo que precisamente critican los ediles naranjas.
Ley Mordaza. De manera conjunta, los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE llevaron al Pleno de julio una moción para instar al Gobierno de España a «la retirada de manera inmediata de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana», mejor conocida como «Ley Mordaza». La decisión no vinculante de esta votación no fue óbice para que Laura Rivera (IU) por una parte y Clara San Damián (PP) por la otra, se enfrentaran en un profundo debate ideológico más propio del Congreso de los Diputados que del salón de Plenos de la Casa de las Panaderas.
Unidad de España. El problema soberanista catalán también ha llegado hasta el Ayuntamiento de Zamora, donde el grupo municipal del Partido Popular leyó una moción -con carácter general para todos los ayuntamientos del país- para «instar a los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil a poner en valor la cohesión y la unidad de España», así como a «poner en valor la defensa de la soberanía nacional, que no es ni vulnerable ni fraccionable». Moción leída en septiembre, a pocos días de las elecciones en Cataluña, y que contó con el rechazo de los ediles de IU, PSOE y concejales no adscritos.
Brigadas forestales. La polémica de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) también ha llegado al Ayuntamiento de Zamora, a pesar de que la competencia sobre su situación es exclusiva del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de una entidad dependiente llamada Tragsa. Y a pesar también de que en la provincia de Zamora no existe ninguna base BRIF. El grupo municipal de Izquierda Unida, no obstante, presentó en el Pleno correspondiente al mes de octubre una moción para «exigir a Tragsa una clara distinción entre los servicios mínimos de las y los trabajadores» y «exigir al Magrama la materialización de los acuerdos con las BRIF en la negociación de su Convenio Colectivo».
Lobos y ganado. Aunque la Diputación no tiene competencia directa en las indemnizaciones a los ganaderos, la Corporación provincial estuvo a una ante la moción presentada por el portavoz del grupo mixto-Ciudadanos, David Carrión, para exigir a la Junta agilidad en el pago de las indemnizaciones a los ganaderos cuyas ovejas sufren los ataques del lobo. Lo mismo ocurrió en el caso de los falsos positivos de tuberculosis en el ganado. La moción -también aprobada por unanimidad, presentada por Ciudadanos y dirigida a la Junta- acordó un requerimiento a la Administración regional para flexibilizar el protocolo de saneamiento animal.
Lago de Sanabria. La desinformación de algunos municipios sanabreses afectados por la ampliación del Parque Natural del Lago de Sanabria también ha llevado a la Diputación a mover ficha. En esta ocosión, fue IU el grupo que presentó una moción -aprobada por unanimidad- para instar a la Junta a emprender una campaña informativa sobre la ampliación del territorio.
Oposiciones de enfermería. La anulación de las oposiciones cayó como un jarro de agua fría a los opositores que esperaban las pruebas para optar a una plaza en Castilla y León. Ante esta situación, los socialistas presentaron una moción aprobada por toda la Corporación para instar al Gobierno de Castilla y León a convocar «de forma urgente» las oposiciones.
Televisión e Internet. La Diputación aprobó en el pasado pleno una moción de IU para estudiar soluciones para que las señales de televisión e Internet llegen a todos los pueblos, a pesar de que la competencia en el área de las nuevas tecnologías es nacional.
