"El recrudecimiento de las medidas represoras por parte de la cúpula hacia los guardias civiles" y "la sorpresiva tipificación como delito de injurias contra la Guardia Civil" manifestaciones que puedan efectuarse, para "limitar la libertad de expresión y dificultar gravemente el trabajo de las asociaciones", son algunas de las graves consecuencias del nuevo Código Penal Militar, aprobado en solitario por el PP, que denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Zamora.

Además de suponer "un gran retroceso en los derechos sociolaborales" del colectivo, con su entrada en vigor, el viernes, día 15, la nueva normativa deja a los guardias "en la indefensión más absoluta", al no poderse "conocer con certeza y de un modo taxativo los supuestos en los que será aplicable", abunda la Asociación mediante un comunicado de prensa difundido a través de sus delegaciones provinciales.

Los representantes de los agentes arrecian en sus críticas contra un código que "deja abierta la posibilidad de que cualquier guardia civil pueda ser condenado a una pena de prisión militar por una mera discusión de trabajo", agrega la Asociación, que considera que también se limita "el derecho a reunión y manifestación" de los agentes.

Obstaculizar

Esta organización de representación, mayoritaria entre los guardias civiles, no duda en afirmar que tanto esa limitación de derechos como la imposición de la pena de prisión "han sido adoptadas estrictamente para actuar de modo específico contra las asociaciones profesionales", como ella, de lo que aseguran existen "claros indicios".

Frente al anterior Código, que solo se aplicaba en situaciones de guerra, estado de sitio y misiones militares, la reforma permite ahora hacerlo según la interpretación de los tribunales, al dejar abierta la posibilidad de condena militar por una discusión de trabajo.

Finalmente, tacha como de algo "totalmente innecesario" que se incluya como "autoridad militar" la figura del director general de la este Cuerpo de Seguridad del Estado. Ante esta situación, AUGC advierte que continuará luchando por la defensa de los derechos sociolaborales de los guardias civiles para conseguir que "se reconozca y se repare la discriminación" respecto del resto de las policías del país. Precisamente, 12.000 agentes de todo el país y sus familiares, también de la provincia de Zamora, se manifestaban el 14 de noviembre para exigir que se les deje de tratar como ciudadanos de segunda y que el Congreso de los Diputados reconozca sus derechos profesionales y personales. Esta Asociación aglutina a 30.000 afiliados en todo el país y surgió con la democracia como un sindicato clandestino.