Villasante se enfrenta a 9 meses de cárcel por desoír una orden de pago del juzgado

El exalcalde de Galende fue avisado de que, si el Ayuntamiento no cumplía con una deuda, él incurriría en un delito de desobediencia

17.01.2016 | 10:19
Jesús Villasante (izquierda) recoge el bastón de mando en el Ayuntamiento de Galende en 2011.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de 9 meses de prisión para el que fuera alcalde de Galende, Jesús Villasante, por un delito de desobediencia a la autoridad. Según el escrito de acusación, hizo caso omiso a un requerimiento del Juzgado de lo Contencioso en marzo de 2014 donde se instaba al representante legal del municipio -es decir, el que por entonces era el alcalde del pueblo- a cumplir una sentencia de abril de 2013 por la que el Ayuntamiento debía pagar a una empresa la cantidad de 83.874 euros por unos servicios prestados. En esta carta también se le advertía de que si no cumplía con el pago en los siguientes tres meses, el acusado incurriría en un delito.

Según el acusado, el Ayuntamiento no había cumplido dicha sentencia "no de forma voluntaria, sino porque no era posible hacerlo hasta que no se tuviera dinero", ya que el municipio se encontraba gravemente embargado en esa época.

Por otra parte, Villasante aseguró en su declaración que él no "había tenido constancia" ni de ese comunicado del juzgado ni de la posibilidad de cometer un delito. "Nunca llegué a leer esa carta", subrayó, al tiempo que explicaba que aunque él como alcalde pudiera haber dado la orden de pagar a esa empresa "no había dinero para llevar a cabo esa petición".

Preguntado por la defensa sobre la actitud del Ayuntamiento ante esa deuda con la empresa, el exalcalde aseguró que en abril de 2014 se remitió un escrito al juzgado donde se ofrecía una cantidad mensual para intentar restablecer la deuda "pero nunca nos contestaron", indicó. En estas circunstancias "y teniendo en cuenta que al Ayuntamiento también se le debía dinero, más o menos 700.000 euros", calculó el exmandatario, tampoco podían acudir a la opción de un préstamo bancario "porque habría sido imposible que nos lo concedieran".

"Mi intención nunca ha sido la de desobedecer, siempre he intentado respetar las leyes y no tenía ningún interés personal en que esa firma no cobrara lo que se le debía", sentenció.

La empresa acreedora pudo al fin cobrar la cantidad por parte del Ayuntamiento tiempo después, cuando recaudaron una importante cantidad a través del impuesto de bienes inmuebles (IBI), una vez que ya tuvieron liquidez.

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