Solo ocho inmigrantes que residían en la provincia de Zamora se han acogido al retorno voluntario de atención social entre 2009 y 2014 y otros ocho han hecho lo propio con el programa APRE del Gobierno de abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo. En Castilla y León, a lo largo de todo este tiempo, han sido 1.331 extranjeros quienes han optado por uno de los dos programas, lo que sitúa a Zamora en la cola regional en cuanto a participación en estos instrumentos.
Los acogidos al APRE deben ser nacionales de países que tengan suscrito con España un convenio bilateral en materia de Seguridad Social, además de estar obligados a firmar una declaración de voluntariedad y compromiso de retornar a su país de origen en el plazo de 30 días y no retornar a España durante tres años, según apunta la agencia Ical. Tras cumplir esos requisitos, el Estado abonará el billete de vuelta en avión, los 50 euros de desplazamiento del domicilio a la ciudad de salida donde esté el aeropuerto y la prestación que corresponde al inmigrante por su cotización a la Seguridad Social en dos partes. El 40% de esa cantidad se abona en España y el 60% restante en el país de llegada.
Según los datos, los 16 extranjeros acogidos a uno de estos dos programas de retorno voluntario eran de nacionalidades latinoamericanas.
