La Consejería de Sanidad tiene previsto introducir modificaciones en el proyecto del Hospital Provincial, que acaba de comenzar las obras de la segunda fase, cambios que incluyen la supresión de algunas de las unidades previstas inicialmente, como el laboratorio o el archivo.

Sacyl hizo pública hace unas semanas una resolución del gerente regional de Sacyl mediante la cual se adjudicaba a la misma arquitecta que se ha hecho cargo desde el principio del proyecto y de las obras, Cristina Tremiño, un modificado del diseño, el segundo que se lleva a cabo. La redacción del proyecto modificado ascendía a 46.738 euros, IVA incluido y fue adjudicada por procedimiento negociado a la mencionada arquitecta vallisoletana.

Según indicaron fuentes de la Junta de Castilla y León "el modificado incluye algunos cambios para adaptarse a las nuevas necesidades que no estaban recogidas en el Plan funcional inicial" del Hospital Provincial, el documento base sobre el que se armó el proyecto arquitectónico de construcción. Algunos cambios, indica la Junta, "como la no construcción de zonas proyectadas inicialmente, como el archivo o el laboratorio que ya están unificados o nuevas zonas, como el aumento de gabinetes médicos y algunos cambios en consultas externas o en farmacia entre otros".

La Junta no aclaró si el modificado supondrá un incremento del presupuesto del Hospital o si, por el contrario, la supresión de algunas de las unidades previstas puede hacer que el gasto del nuevo centro sanitario disminuya. Tampoco se pronunciaron sobre si la introducción de un modificado puede conllevar algún retraso en la ejecución de los trabajos, que deberían estar listos, según las previsiones iniciales, para finales de 2016. El primer modificado de la obra del Hospital Provincial se debió a la necesidad de contar con un estudio geotécnico sobre el terreno en el que se asienta el recinto sanitario para la construcción de un muro perimetral. Esto fue en el año 2011, aunque no salió a la luz pública hasta años más tarde, cuando un informe del Consejo de Cuentas fiscalizó tal actuación, en la que por cierto, encontró algunas irregularidades formales. La necesidad de modificar el proyecto a última hora fue otra de las razones por las que la Junta se negó a replantear el derribo de la capilla aduciendo que supondría un retraso en una obra de gran calado y necesaria para la ciudad.