De sus malas artes no solo saben en San Pedro de Ceque. En Zamora capital dejó a una comunidad de vecinos compuestos y sin obra, con una reforma por hacer y 14.590,80 euros menos en la cuenta corriente. El empresario zamorano que protagonizó esta semana el programa televisivo "Constructor a la fuga" estafó a los propietarios de un céntrico inmueble de la capital zamorana, delito por el que está condenado a un año y medio de prisión, tras promover la comunidad de vecinos una querella.
El empresario no solo presentó un presupuesto "notablemente inferior" a otras sociedades para realizar la restauración de toda la fachada de un edificio singular, sino que tras percibir el dinero indicado, no ejecutó ni uno solo de los trabajos incluidos en el proyecto.
Las obras de restauración en la fachada y otros elementos, como los balcones, debía ejecutarlas en cuatro meses con una inversión de 58.463,20 euros, pero cogió el dinero y desapareció, según relatan fuentes próximas a los afectados.
El constructor echó balones fuera cuando fue interrogado sobre el incumplimiento del contrato: La causa fueron "los problemas económicos" de la empresa que debía servirle los miradores de madera a renovar. El principal gasto, 25.900 euros, se lo llevaba, precisamente, la sustitución de los miradores, y la excusa expuesta por el empresario no tuvo ninguna credibilidad para la magistrada del Juzgado de lo Penal, que advierte en su sentencia que "este hecho se ha revelado completamente falso". La declaración del dueño de esa empresa resultó un testimonio definitivo para descubrir la mentira.
Los vecinos pagaron el anticipo tras firmar el contrato el 25 de febrero de 2010, dinero que suponía la garantía de ejecución de los trabajos, y no volvieron a ver al empresario, que ni siquiera realizó mediciones.
Tal fue su comportamiento, que en la sentencia del Juzgado de lo Penal que le condenó a un año y medio de prisión por el delito de estafa se especifica "sin temor a equivocarse" que el zamorano, de iniciales F.J.R.T., llevó a cabo un "negocio jurídico criminalizado", que se produce cuando el imputado "simula un propósito serio de contratar, cuando en realidad solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga a la otra parte", para lo que abusa "de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo" de incumplir las contraprestaciones que se reflejan en el contrato. En definitiva, cuando recibe los casi 14.600 euros se olvida de llevar a cabo las obras contratadas por 52.110 euros, más 6.353,20 del IVA.
El constructor "no ejecutó ninguna de las partidas presupuestadas" durante los cuatro meses en los que debió llevar a cabo el proyecto, "tampoco en los meses posteriores".
Los vecinos no volverían a verle tras suscribir el contrato ni para tomar mediciones, según afirmaron en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal: llegado el 21 de junio de 2010, cuando debía haber terminado la reforma, los propietarios de los pisos seguían esperando el comienzo de los trabajos.
La magistrada tampoco admite, "como muestra de buena voluntad" que alegaba el procesado, el envío de un burofax a los vecinos para solicitar una prórroga para ejecutar las obras porque "se realizó meses después de la interposición de la querella", lo que le lleva a preguntarse "cuando menos cual fue su verdadero objeto". El otro argumento del contratista, respecto de que finalmente encargó los balcones y no pudo colocarlos, la juez replica que cómo se pueden colocar sin haber tomado siquiera medidas exactas, máxime teniendo en cuenta que ninguno es igual, con lo que "la pretensión" de adaptarlos "es absurda".
