La juez que instruye el caso Pokemon, relacionado con supuestos tratos de favor a la empresa Aquagest por parte de ayuntamientos gallegos y asturianos de PP y PSOE, demanda ahora información sobre presuntos pagos de viajes y regalos en relación con cargos municipales de Castilla y León. La providencia de la magistrada Pilar de Lara, fechada este lunes pasado, 16 de noviembre, se enmarca dentro de la investigación que afecta a Nicolás Esmorís, directivo de Aquona y que fuera concejal en el municipio coruñés de Arzúa antes de pasar a la empresa privada.
El auto cita un informe de los servicios de Vigilancia Aduanera "donde se refiere el pago de viajes por Aquagest", a, según se refiere literalmente la providencia y en este orden, el concejal delegado de Ordenación, Planificación y Gestión Urbanística de Zamora, Feliciano Fernández Cuerdo, la exalcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, el alcalde de Palencia Alfonso Polanco, junto al primer teniente de alcalde de la capital palentina Miguel Ángel de la Fuente. Además, en la misma providencia, se hace alusión a regalos que la misma empresa, concesionaria del servicio de aguas en numerosos municipios, habría realizado a otros cargos de Castilla y León y que en la investigación habrían salido a la luz tras "la intervención de correspondencia electrónica". El regalo en cuestión se refiere a "entradas para el partido de fútbol" celebrado en el estadio Santiago Bernabéu y que se habrían repartido, entre otros, al alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco igualmente del PP, el alcalde de La Granja de Segovia, José Luis Vázquez, del PSOE, así como Samuel Alonso Llorente, concejal de vivienda y María del Carmen Melero, edil de Hacienda del mismo ayuntamiento.
La magistrada libra oficio a los servicios de Vigilancia Aduanera para que estos confirmen si los ayuntamientos a los que pertenecieron los citados cargos públicos "han tenido algún tipo de vinculación con Aquagest o con otras empresas del grupo Agbar, así como fechas de las contrataciones o las renovaciones". Otras personas de las aludidas en la providencia judicial rehusaron hacer declaraciones a este diario.
En el caso de Zamora, el contrato con la concesionaria estuvo vigente durante los dos mandatos de Valdeón, ya que son 42 años los que la empresa lleva prestando la concesión a la ciudad de Zamora. Fuentes de la adjudicataria negaron ayer irregularidades en la región y se mostraron dispuestos a "colaborar hasta el final con la Justicia" para aclarar lo sucedido. La juez pretende que los servicios de vigilancia aduanera cuantifiquen la "prestación de servicios, regalos o invitaciones" a la extensa lista de supuestos beneficiarios que abarca un extenso sumario.
