En su brevísima comparecencia ante los medios de comunicación, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recondujo el debate sobre las ansias secesionistas de Cataluña a los márgenes de la legalidad democrática que los españoles se dieron en 1978. "Dentro de la Constitución es donde hay que ejercitar" ese tipo de debates y "así estaremos en la acción política". Una Constitución con la que "el territorio español se ha dotado de una sociedad democrática, del Estado del Bienestar, de parlamentos y de comunidades autónomas", precisó.
Catalá puso especial énfasis en el carácter anticonstitucional del acuerdo secesionista del Parlamento catalán que, como la Generalitat, que "son instituciones del Estado español", "que están dentro de un modelo de convivencia" acotado en la Carta Magna española, que establece como "forma de Estado la monarquía parlamentaria".
La conclusión inmediata para el integrante del Gobierno central del PP es que "todo lo que contiene esa declaración" de independencia "es contrario a la Constitución y, si es así, esperamos que no vaya adelante" y que se paralice como así decidió el Tribunal Constitucional a los pocos minutos de las manifestaciones hechas por Catalá en Zamora.
La resolución de ese Tribunal se notificará individualmente a la presidenta y todos los miembros de la mesa del Parlament y a consejeros de la Generalitat, contra quienes se podrá actuar si toman alguna medida encaminada a la secesión.
