Los parados zamoranos, a través de las prestaciones por desempleo, han cobrado de forma indebida una cantidad que oscilaría entre los 1.045.397 y los 715.289 euros, según publica el Tribunal de Cuentas en uno de sus últimos informes. A esta cantidad habría que sumar otros 296.287 euros de prestaciones percibidas de forma indebida, pero cuya ilegalidad es responsabilidad de las empresas. Son cantidades que los afectados tendrán que devolver si no lo han hecho ya, ya que el SEPE inicia de oficio un expediente de reclamación en caso de que lo fraudulento de la prestación quede demostrado.

La diferencia entre las dos cantidades presentadas por el SEPE, 715.289 euros y 1.045.397, evidencia, según el Tribunal de Cuentas, la "descoordinación" y la "falta de control" de la institución. La primera de las dos cifras viene de las estadísticas de la Subdirección de Prestaciones por Desempleo, algo que elaboran de oficio los organismos provinciales englobados en el SEPE. La segunda, la más elevada, corresponde a un inventario hecho por el propio SEPE a petición del Tribunal de Cuentas. Pese a que las dos cantidades provienen de la misma fuente puede comprobarse como la diferencia entre una y otra asciende a más de un cuarto de millón de euros o, en cifras porcentuales, un 25% del total, algo digno de tener en cuenta.

"El Servicio Público de Empleo Estatal debería disponer de un sistema en el que toda la información necesaria para los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, incluidas las derivadas de los supuestos de responsabilidad empresarial, estuviese integrada en una única base de datos. Asimismo, debería diseñar una aplicación informática para explotar dicha base y proporcionar los datos necesarios tanto para la gestión y control de los cobros indebidos, como para dar soporte a un inventario de deudores que permita su registro contable y el seguimiento de su evolución", apunta el Tribunal de Cuentas sin dejar espacio a muchas interpretaciones alternativas más allá de la reprimenda al SEPE. "El Servicio Público de Empleo Estatal debería identificar la deuda por cobros indebidos de prestaciones por desempleo que se encuentre en situación de prescripción e impulsar el procedimiento administrativo para su declaración como deuda prescrita", finaliza el Tribunal.