Los proveedores de la Diputación Provincial Diputación Provincial cobran sus facturas entre tres y siete días antes del límite legal, establecido en 30 días. El pasado septiembre el pago medio a proveedores se produjo en 23 días, es decir, una semana por debajo del tope administrativo. Con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, el correspondiente a 2014, la institución provincial ha mejorado el periodo de pago a sus proveedores en cuatro días. En lo que va de año, septiembre es el mes en el que la Diputación ha estado más ágil en sus pagos, un dato circunstancial si se tiene en cuenta que en el ejercicio anterior septiembre no cumplió esta tendencia. Por el contrario, mayo y febrero fueron los que más se aproximaron al límite legal, con apenas tres y cuatro días de diferencia con respecto al plazo establecido.

Según corroboran los informes de todas las mensualidades, el periodo de pago es negativo, es decir, por debajo del tope de los 30 días. En este sentido, el diputado de Economía y Hacienda en la institución provincial, Antonio Iglesias, expone que "contamos con un saldo importante que nos permite cumplir los pagos y, en el caso de no hacerlo, suele ser siempre por causas ajenas y puntuales". El responsable directo de la Economía provincial garantiza que "no tenemos ahogos monetarios en ese sentido".

Si se tiene en cuenta la contabilidad de septiembre de este mismo año a la que ha tenido acceso este diario, los consorcios con los que la Diputación tiene suscrito algún tipo de relación recibieron su correspondiente cuantía económica antes de cumplirse el mes correspondiente para no ser considerado "morosa". Es el caso de los pagos a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, el Consorcio de Fomento Musical, Ifeza, Extinción de Incendios o el Patronato de Turismo.

Según el artículo 216,4 del texto de la Ley de Contratación del Sector Público, la Administración -y como tal, la Diputación Provincial de Zamora- tiene la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. En caso de demora, la Diputación deberá abonar al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en el procedimiento de lucha contra la morosidad.

Los datos de la Diputación Provincial contrastan con el último informe que ha salido a la luz de la mano de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que colocan a la capital como una de las ciudades cuyo Ayuntamiento paga a sus proveedores por encima de los 30 días que marca la Ley de Morosidad. La institución municipal convalida sus pagos en casi 48 días, cifra que se ha incrementado desde abril en 2,6 días, según los datos de ATA.