A juicio por denunciar que le habían suplantado la firma, que al final era la suya

El procesado se había querellado contra dos personas que querían cobrar unos pagarés que él negaba haber rubricado, aunque resultó ser cierto

29.10.2015 | 12:16
El acusado, sentado en el banquillo, escucha los delitos de los que se le acusa.

Llevó a dos personas a juicio y ahora es él quien se sienta en el banquillo. Un empresario sanabrés se enfrenta a una multa que asciende a 43.200 euros, acusado de dos delitos de denuncia falsa -uno por cada uno de los denunciados- según solicita la acusación particular.

En ese juicio previo, el ahora procesado había acusado a esas dos personas de un delito de falsedad en documento mercantil, al supuestamente falsificar su firma para cobrar unos pagarés. Las diligencias fueron sobreseídas porque el perito judicial confirmó que las firmas obrantes en las letras de cambio para ser cobradas eran realmente del propio denunciante y no habían sido alteradas por los denunciados.

La sala de la Audiencia Provincial juzgaba ayer a este hombre, acusado ahora por esas dos personas de un delito de denuncia falsa. El procesado volvió a reiterar que él no había firmado esos pagarés y que nunca supo de su existencia hasta el momento de la denuncia que presentaron contra él para obtener el cobro, que ascendía a 122.000 euros. Afirmó también que los datos que aparecían en esos papeles no habían sido escritos por él, sino por uno de los ahora denunciantes, que en ese momento era director de una sucursal y le llevaba la contabilidad de su empresa.

El exdirectivo, en su declaración, reconoció que sí había rellenado los pagarés, como en tantas ocasiones anteriores -"era algo normal entre nosotros", explicó- pero que el denunciado los había firmado delante de él en su oficina. También confesó que era normal que él en su entidad bancaria anotara ingresos en la cuenta de su por entonces amigo, el empresario, por una cantidad que tardaba un tiempo en aparecer realmente. Pero en esa ocasión surgió una auditoría y quedó un descubierto por 122.000 euros.

De este modo, los pagarés sumaban ese dinero, que el otro querellante ahora exige. Cuñado del director del banco, este le pidió el favor de que firmara unos reintegros por esa cantidad, como si realmente hubiera sacado ese dinero de su propia cartilla, para cuadrar las cuentas y salir airoso de la auditoría.

Por ese motivo el cuñado había solicitado posteriormente la devolución del dinero a través de los pagarés. "Yo había adelantado el dinero por el problema que tenían ambos", resumió, perdiendo así una gran cantidad de capital, que correspondía a parte de sus ahorros y que, desde 2009 que sucedieron los hechos, "no he vuelto a ver", lamentó. Cada vez que presentaba los pagarés al cobro "nunca tenía fondos", recordó, por lo que interpuso la primera denuncia para lograr recuperar ese dinero.

Además del delito de denuncia falsa, la abogada de la acusación suma otro de estafa procesal en grado de tentativa, por la que pide un año de prisión y 5.400 euros de multa, ya que supuestamente manipuló su firma durante el proceso de las pruebas "para llevar a error en las investigaciones", recordó la letrada.

Por último, en concepto de responsabilidad civil, sumó que el acusado se hiciera cargo de los gastos de defensa del juicio anterior de sus dos clientes, además de aportar 6.000 euros a cada uno de ellos por los daños morales causados, cantidad que finalmente accedió a que fuera marcada por la sala cuando dicte sentencia.

La pena solicitada por el Ministerio Fiscal es mucho menor que la pedida por la acusación particular. La fiscal considera que solo se ha cometido un único delito de denuncia falsa "aunque englobe varios hechos", por lo que solicita una multa de 4.500 euros, amparándose en el informe forense, que no alberga duda sobre la veracidad de la firma de los pagarés. "Se comprueba así que su ánimo era el de no proceder al pago", apuntó en su informe final.

Por su parte, el abogado de la defensa exigió la absolución de su cliente, solicitando, además, la exclusión de la solicitud de pena por un delito procesal pedida por la acusación particular "al no haber declarado sobre ello en la fase de instrucción", subrayó.

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