El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora asegura que la familia de Sara Gato sí ha solicitado a la Consejería de Sanidad el reintegro de los gastos por el tratamiento de la hormona del crecimiento que la menor está recibiendo de forma privada, al negarle la financiación la sanidad pública. Por tanto, considera que las "manifestaciones perpetradas" por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, recogidas por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en las que afirma que la familia no ha solicitado el reintegro de gastos son "falsas en su integridad". Esta manifestaciones del consejero se produjeron el 14 de octubre.

La familia tiene en su poder la copia de un escrito dirigido al director general de Asistencia Sanitaria de la Junta el pasado 24 de agosto en el que tras relatar el caso de su hija, cuya pediatra le ha prescrito el tratamiento con hormona del crecimiento que el comité que gestiona estos casos no acepta, pide que se le administre este medicamento "sin coste alguno, salvo la aportación que me correspondiera, así como el reembolso de los gastos ocasionados durante los diez meses de tratamiento, que ascienden a 6.040 euros". El problema es que el tratamiento con esta hormona se debe prolongar durante tres o cuatro años, por lo que la familia necesitará más de 30.000 euros para afrontarlo, de ahí la campaña de solidaridad ciudadana que está recaudando fondos para este fin.

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública dice que el consejero "miente deliberadamente", "actúa como un indocumentado atrevido" y "está faltando a la verdad" o bien "sus subordinados le ocultan información". A juicio de esta organización el tratamiento con hormona del crecimiento no lo decide el comité de expertos, sino el facultativo que prescribe, en ese caso la pediatra de Sara Gato y esta medicación sí está en la cartera de servicios de la Sanidad regional. El comité de expertos es "un órgano meramente consultivo, totalmente pasado de moda, que se constituyó cuando esta hormona era escasa, se extraía de cadáveres y no se sintetizaba artificialmente". Por tanto, cuando el consejero dice que "la Consejería no toma decisiones sobre estos tratamientos", a juicio del Movimiento, "miente de nuevo", ya que reiteradas sentencias judiciales indican que es la Consejería la responsable y está obligada a hacer lo que haya prescrito el especialista.