El Ayuntamiento de Zamora ha realizado una petición formal ante el Ministerio de Hacienda para la devolución de una subvención europea del año 2004 que se consignó ante la investigación de irregularidades en las obras del bosque de Valorio en el año 2003. Un proceso que nació de una denuncia de Francisco Guarido, entonces concejal de la oposición, y que se cierra con la reclamación del mismo, ahora alcalde. En total, la suma que se reclama a la administración de Cristóbal Montoro asciende a 383.828 euros. Un dinero que corresponde, según Guarido, al Ayuntamiento de Zamora, tras la sentencia de septiembre de 2014 en la que se declaró "caducado" el proceso.

Las arcas municipales podrían recibir los 383.828 euros consignados desde el año 2004 por el Ministerio de Hacienda. Se trata de una cantidad que proviene de las obras de ajardinamiento y restauración medioambiental que se realizaron en las laderas de la calle Villalpando y en la plaza Gurrieta de Carrascal. La suma fue retenida por el Ministerio de Hacienda a raíz de una denuncia realizada por el grupo municipal de Izquierda Unida en ese mismo año, en relación a las obras de Valorio del año 2003.

Francisco Guarido, entonces en la oposición, puso en manos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) la posibilidad de que se hubieran cometido irregularidades en dichas obras acometidas por el gobierno de Antonio Vázquez y cuyo presupuesto era de 1,8 millones de euros para una adecuación del entorno y mejora medioambiental. El proceso dio lugar a un expediente de devolución de las cantidades que habían servido para financiar dichas obras y Hacienda acordó retener los 383.828 euros de la financiación de las obras en la calle Villalpando y el barrio de Carrascal.

Tras esta polémica, el gobierno popular recurrió el expediente de devolución de cantidades de ayudas del Feder, que se concretaron en 877.419 euros, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Finalmente, una sentencia de septiembre de 2014 estimaba que el proceso, al datarse diez años antes, estaba "caducado" y eximió al Ayuntamiento de devolver esa cantidad. Y, al declararse caducado, el Ayuntamiento podría reclamar esos 383.828 euros consignados, que es lo que ahora se ha realizado.