El centenar largo de demandas laborales que llegan al turno de oficio pueden ser asumidas desde ya por los graduados sociales, al ampliar sus competencias la Ley de Enjuiciamiento Civil recién reformada por el Gobierno central del PP. La nueva normativa "sienta las bases para ejercer la asistencia jurídica gratuita en esta jurisdicción, competencia que hasta ahora estaba exclusivamente en manos de los abogados", explicó ayer el decano del Colegio de Graduados Sociales de Zamora, Luis Martín Uña, durante la celebración del patrón del colectivo profesional, San Atilano.
La importancia de esta nueva competencia supone, más que un beneficio económico, ya que supone el cobro de una media de 120 euros por asunto -la misma cantidad que perciben los abogados, congelada desde 2003-, "un espaldarazo para la figura del graduado, que se refuerza como operador jurídico", subraya Martín Uña. Las demandas sociales, relacionadas con los conflictos laborales, suponen el 10% de todos los asuntos que se tramitan por turno de oficio, que sumaron 1.156 asuntos en el último año del que se ofrecieron cifras oficiales, en 2013. Otra de las competencias que reivindican desde hace tiempo los graduados sociales es poder presentar, sin necesidad de la firma de un abogado, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de este tipo de asuntos judiciales.
Mediación
El Colegio de Graduados prepara, además, la organización de un curso de formación sobre mediación, una competencia que dependerá en Castilla y León de la presidenta de la Sala de lo Social de Burgos, la magistrada María José Renedo, que será la encargada de arbitrar los acuerdos a los que se llegue en esta materia laboral.
Por último, Martín Uña felicitó a los integrantes de la primera promoción de Grado en Acciones Laborales y Recursos Humanos, nueva titulación tras la aplicación del Plan Bolonia.
