La Fiscalía solicitó ayer por primera vez la aplicación del delito de acoso, contemplado en el nuevo Código Penal, a un hombre porque "empezó a vigilar, a perseguir" a su expareja y "a entrar en contacto con ella por mensajes y correos electrónicos en los que la denigraba e insultaba", actitud por la que exige un año de prisión para el procesado.

El fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, afirmó en sus conclusiones que el procesado generó "miedo y ansiedad" a la mujer, "a la que siguió varias veces", actitud persecutoria que "finalmente desembocó en una amenaza", relatada por una amiga de la presunta víctima, quien llamó a esta para decirle que el acusado le había enseñado en un bar una pistola y le había dicho que estaba preparada para usarla contra ella y su familia. La hija de la denunciante corroboró que la mujer recibía llamadas constantes, algunas a altas horas de la madrugada, correos injuriosos y que el acusado la vigilaba constantemente desde que cortara la relación de pareja, que mantuvieron, según la mujer, desde octubre de 2013 hasta enero de 2015. El acusado negó todo e incluso el que la relación hubiera ido más allá de encuentros sexuales esporádicos. Contó con el testimonio de un hermano que declaró que la presunta víctima no fue novia del imputado y que el día en el que se sitúa el episodio de la pistola estaba con él en el bar "y no le vi hablar con nadie", ni el arma.

En el caso de que la magistrada del Juzgado de lo Penal no considerase la aplicación del delito de acoso, el fiscal jefe pidió que se aplique al imputado uno de amenazas o coacciones, por el que se le impongan nueve meses de prisión. El abogado de la defensa pidió la absolución o, si se le condena, una pena mínima de trabajos en beneficio de la comunidad.