La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, considera posible que la reducción del número de procuradores sea uno de los aspectos a debate en la reforma del estatuto de autonomía anunciada por el presidente regional, Juan Vicente Herrera, para esta legislatura. La ha dicho en la sede del Consejo Consultivo de Zamora, que visita esta mañana y cuyo presidente, Mario Amilivia se ha ofrecido a realizar un dictamen como el que ayudó a elaborar la anterior reforma estatutaria. Clemente indicó que aspectos como la incompatibilidad de los cargos públicos para desempeñar otros puestos políticos o la definición del techo social, un gasto mínimo que garantice los servicios sociales, gobierne quien gobierne pueden ser dos aspectos de la reforma, que en su caso deben abordar los grupos políticos de la Cámara con el mayor consenso posible. Eso sí, Clemente defendió el dictamen del Consultivo sobre el borrador como garantía de legalidad "y para que no se provoquen situaciones tan controvertidas como la que estamos viviendo en Cataluña; si se respeta la legalidad no tienen por qué suceder".

La presidenta de las Cortes, institución de la que depende orgánicamente el Consejo Consultivo, defendió la utilidad de la institución para los ciudadanos y alabó la reducción de costes que ha llevado a cabo desde 2007, con una rebaja del presupuesto del 46% y de plantilla del 40%, con 29 trabajadores, además de haber asumido a coste cero el Tribunal de Recursos Contractuales, cuya creación era obligatoria. Cree la situación de Castilla y León es diferente a la de Madrid, donde el PP ha tenido que eliminar el Consultivo por los acuerdos con Ciudadanos para gobernar y explicó que en la Comunidad esta formación no ha tenido una oposición tan beligerante, mientras el resto de grupos no se ha pronunciado contra la institución propia con sede en Zamora.

Mario Amilivia anunció que el presupuesto para el próximo año, cuyo borrador está elaborado, se incrementará ligeramente con respecto al vigente en este ejercicio, de 2.072.000 euros, fundamentalmente por la devolución de la extra que se debe a los funcionarios y la dotación de 60.000 euros para concluir el proyecto expositivo de los restos arqueológicos que incluye vitrinas para cerámicas y monedas.