La Junta debe compensar a los dueños por la limitación de usos en espacios protegidos

Una especialista asegura que la mayoría de los planes de gestión hacen recaer los costes de la conservación de la naturaleza en los lugareños

13.09.2015 | 11:40
Dos turistas observan las aves en Villafáfila.

La aprobación de los planes de gestión de los espacios protegidos, que está a punto de publicar la Junta de Castilla y León debe contener una previsión económica para compensar los perjuicios que la restricción de usos provoca entre los particulares que viven en esas zonas. Así lo asegura la abogada Pilar Martínez, una experta en Medio Ambiente que reivindica la necesidad "de compensar a los propietarios de terrenos protegidos para garantizar el futuro de la Red Natura 2000".

Una vez aprobado el decreto para la Gestión y Conservación de Red Natura en Castilla y León, la experta recuerda que los 177 planes de gestión que está previsto que se presenten la próxima semana (21 de ellos en la provincia de Zamora) "deben incluir un presupuesto para indemnizaciones por las limitaciones de usos y actividades que establecen, tal y como exige la Unión Europea", indica la letrada.

Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo, reivindica la necesidad "de que los planes de gestión que desarrollan Red Natura, tras la aprobación del decreto para la Gestión y Conservación de Red Natura en Castilla y León, compensen a los propietarios de terrenos protegidos por las limitaciones de usos y actividades que imponen si se quiere garantizar el futuro de este instrumento de protección de la biodiversidad". Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma de España que mayor superficie aporta a Red Natura, el 26% de su territorio. En concreto, afecta a 1.257 de los 2.248 municipios en los que residen más del 30% de la población. En este sentido, Pilar Martínez recuerda que los instrumentos de gestión que está previsto aprobar mediante una única orden "deben cumplir los requisitos exigidos por la normativa europea".

La letrada incide en que "son muchos los incumplimientos que se han producido y se siguen produciendo en la elaboración de estos planes, su definición territorial, el análisis de las necesidades reales de conservación o la repercusión para el desarrollo de la zona.

"En la mayoría de estos planes se hace recaer exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares la carga de la conservación, mientras que las ayudas y subvenciones que han venido de Europa, se reparten entre los movimientos ecologistas", sostiene la abogada. Para esta especialista en derecho medio ambiental "es evidente que el primer coste de la conservación es el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad y a fin de contribuir a la defensa del interés público de la conservación, ven restringido hasta límites inimaginables el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños, llegando incluso a impedirles la libre circulación por sus fincas, muchas de las cuales, constituyen el único medio de vida y sustento de los afectados y sus familias".

Así, Pilar Martínez, incide en que "la normativa europea y nuestras leyes y tribunales exigen, en todo caso, indemnizaciones individuales por estas limitaciones a los derechos previamente adquiridos y consolidados, así como la consiguiente previsión presupuestaria para aprobar la norma y la aprobación de Planes de Desarrollo Sostenible y esto rara vez ocurre". La letrada recuerda que la Directiva Hábitats no solo establece unos criterios de conservación, sino que también exige la previsión de alternativas y planes de desarrollo sostenible para las zonas a las que afecta.

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