La mayoría de las subastas públicas que celebran los juzgados se ejercen sobre viviendas, naves, locales y vehículos. En menor medida, herramientas de trabajo y joyas. Con las cantidades obtenidas se saldan las deudas acumuladas por sus propietarios, las que han originado una reclamación judicial que concluye con la orden del juez de obtener la cuantía a través de la venta de alguno de los bienes del deudor. La ejecución de esa orden de embargo termina con la subasta pública de aquellas propiedades que cubran la cuantía reclamada.

Cada uno de los quince órganos judiciales de la provincia viene celebrando una media de veinte subastas públicas cada año en sus oficinas. Se trata de embargos por impagos de deudas o de obligaciones contraídas por los dueños de los bienes e inmuebles y por no abonar las multas económicas e indemnizaciones impuestas en sentencias. Muchos de los impagos están relacionados con las sentencias de los dos juzgados de lo Social que existen en la provincia, lo que origina ese embargo de los bienes por vía judicial.